Darío Aranda

Una organización que viene denunciando los efectos de los agroquímicos en la salud humana pidió que la Justicia federal suspenda la venta y el uso de esas sustancias en todo el país. La demanda puntualiza acusaciones de una decena de provincias

El barrio Ituzaingó era como muchos otros barrios, pero hace ocho años ganó notoriedad por la gran cantidad de enfermos de cáncer y niños con malformaciones. La causa de tanto mal era que al este, norte y sur había campos de soja, sólo separados por la calle, y las fumigaciones con agrotóxicos llegaban hasta las puertas de las viviendas. Y así a casi una década de las primeras denuncias, la Justicia cordobesa prohibió a productores de soja que fumiguen en cercanías del barrio, lo establece como un delito penal.

Organizaciones rurales denuncian el incumplimiento de la norma, el avance de los desmontes y la complicidad entre empresarios sojeros y la dirigencia política de las provincias involucradas. Como en Salta, donde acaban de autorizar el desmonte de 1,6 millón de hectáreas.

Halló pruebas para procesar al vicepresidente de la compañía por violación a la ley penal ambiental. Denuncia que buscan destituirlo

Argentina cuenta con cinco mil kilómetros de cordillera, una decena de yacimientos mineros metalíferos en explotación y 50 emprendimientos a gran escala en exploración. También existen innumerables denuncias por contaminación, un centenar de pueblos que rechazan la actividad y una carpa blanca, frente al Congreso, con una certeza: “El agua vale mucho más que el oro”. Impulsado por la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), espacio de articulación de 300 organizaciones, militantes de todo el país ayunaron toda la semana y escracharon al Seminario Internacional Argentina Oro 2008, una ronda de negocios que reúne a empresas internacionales, gobiernos provinciales y funcionarios nacionales que impulsan la actividad. “El 70 por ciento del agua dulce del país proviene de la cordillera, esas montañas son la fábrica del recurso más indispensable que necesitamos para vivir. Esas montañas, y esa agua, están siendo contaminadas por la minería”, advierten desde la UAC.

Durante el último mes, en las tres provincias fueron detenidos 35 campesinos y se dictaron 95 pedidos de captura. Los empresarios acuden a la Justicia para desalojarlos de sus tierras, pero nadie recibe las denuncias de los campesinos por los ataques que sufren.

Un manual de cuarto grado asegura que la minería no contamina y señala como lugar de estudio el sitio de una compañía del sector. Una empresa canadiense distribuye juegos de mesa donde resalta los beneficios de extraer oro, plata y plomo. Un gobierno cuyano es acusado de prohibir que los colegios brinden noticias críticas sobre la actividad extractiva. Un paso adelante se ubica Minera Alumbrera –el mayor emprendimiento en explotación de la Argentina, con una decena de denuncias por destruir el medio ambiente y su presidente procesado por contaminación–, que dicta cursos a docentes sobre ecología y obtiene premios por “contribuir a las mejoras educativas”. Las universidades nacionales también acompañan al sector minero: proveen servicios, realizan estudios de factibilidad económica y les aportan estrategias de legitimación social. Las asambleas ciudadanas explican que las mineras, a través de la educación y en colaboración con las facultades, buscan revertir el rechazo que genera la actividad en un centenar de pueblos afectados.

La compañía canadiense Aquiline y el gobierno provincial impulsan en el desierto de Chubut un yacimiento de plata y plomo, uno de los metales más nocivos. Las reservas llegan a unos diez mil millones de dólares. Reclamos de las comunidades aborígenes.