Darío Aranda

Argentina cuenta con cinco mil kilómetros de cordillera, una decena de yacimientos mineros metalíferos en explotación y 50 emprendimientos a gran escala en exploración. También existen innumerables denuncias por contaminación, un centenar de pueblos que rechazan la actividad y una carpa blanca, frente al Congreso, con una certeza: “El agua vale mucho más que el oro”. Impulsado por la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), espacio de articulación de 300 organizaciones, militantes de todo el país ayunaron toda la semana y escracharon al Seminario Internacional Argentina Oro 2008, una ronda de negocios que reúne a empresas internacionales, gobiernos provinciales y funcionarios nacionales que impulsan la actividad. “El 70 por ciento del agua dulce del país proviene de la cordillera, esas montañas son la fábrica del recurso más indispensable que necesitamos para vivir. Esas montañas, y esa agua, están siendo contaminadas por la minería”, advierten desde la UAC.

Durante el último mes, en las tres provincias fueron detenidos 35 campesinos y se dictaron 95 pedidos de captura. Los empresarios acuden a la Justicia para desalojarlos de sus tierras, pero nadie recibe las denuncias de los campesinos por los ataques que sufren.

Un manual de cuarto grado asegura que la minería no contamina y señala como lugar de estudio el sitio de una compañía del sector. Una empresa canadiense distribuye juegos de mesa donde resalta los beneficios de extraer oro, plata y plomo. Un gobierno cuyano es acusado de prohibir que los colegios brinden noticias críticas sobre la actividad extractiva. Un paso adelante se ubica Minera Alumbrera –el mayor emprendimiento en explotación de la Argentina, con una decena de denuncias por destruir el medio ambiente y su presidente procesado por contaminación–, que dicta cursos a docentes sobre ecología y obtiene premios por “contribuir a las mejoras educativas”. Las universidades nacionales también acompañan al sector minero: proveen servicios, realizan estudios de factibilidad económica y les aportan estrategias de legitimación social. Las asambleas ciudadanas explican que las mineras, a través de la educación y en colaboración con las facultades, buscan revertir el rechazo que genera la actividad en un centenar de pueblos afectados.

La compañía canadiense Aquiline y el gobierno provincial impulsan en el desierto de Chubut un yacimiento de plata y plomo, uno de los metales más nocivos. Las reservas llegan a unos diez mil millones de dólares. Reclamos de las comunidades aborígenes.

El gobernador dejó sin efecto una ley que prohibía la minería a cielo abierto. Las asambleas ciudadanas declararon el estado de movilización. Las empresas del sector festejaron la vía libre

En el Día Internacional de los Derechos Indígenas, representantes de comunidades de Chubut, Río Negro y Neuquén relatan los conflictos que mantienen a más de un siglo de las campañas de exterminio. La disputa incluye trece mil hectáreas, donde viven 2800 familias

Investigadores independientes, organizaciones sociales, poblaciones afectadas y comunidades campesinas e indígenas coinciden en el mismo reclamo: la urgente realización de estudios sobre los agrotóxicos y sus efectos a corto, mediano y largo plazo. “Las corporaciones como Syngenta o Cargill, por citar sólo dos, cuentan con poder económico y lobby político suficiente para dificultar cualquier investigación que pudiera mostrar lo nefasto de este modelo agropecuario”, denuncia el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI).

La industria sojera argentina, que ocupa 17 millones de hectáreas, funciona a base de un agrotóxico: el “glifosato”, sustancia con la cual se rocían los campos, se eliminan las malezas y que sólo permite el crecimiento de soja transgénica, modificada en laboratorio. El nombre comercial del producto –que acumula denuncias por provocar malformaciones a recién nacidos, abortos espontáneos, cáncer y muerte– es “Roundup”, de la compañía estadounidense Monsanto, la semillera más grande del mundo, que controla el 20 por ciento del mercado internacional.