Perú: comunicado de CONACAMI sobre 30 Convención Minera y el Foro de los Pueblos

Comunicado

Para construir un Perú con Inclusión Social

Los empresarios mineros inician el día lunes 12 de setiembre, en la ciudad de Arequipa su 30° Convención, un evento que cada dos años insiste en catalogar al Perú como país minero afianzando así un modelo económico y político que privilegia el desarrollo de las actividades extractivas por encima de los derechos humanos y colectivos de nuestros pueblos y comunidades.

La Convención Minera, sin embargo, se realiza este año con la presencia de un nuevo gobierno que ha expresado su compromiso de asegurar una real inclusión social y empezar la gran transformación en el marco del respeto de los derechos humanos y del Estado de Derecho. Esto se hará realidad si se incorporan nuestras visiones y propuestas en la definición de políticas públicas que aseguren el respeto a la diversidad de culturas y el enorme legado histórico y contribución de las comunidades andinas, amazónicas y de la costa en el pasado, presente y futuro del país.

En este contexto CONACAMI PERÚ asume el reto de enriquecer la agenda pública del país con las propuestas de nuestras comunidades y para ello organizamos el FORO NACIONAL DE LOS PUEBLOS ALTERNATIVO A LA 30º CONVENCION MINERA, en articulación con diversas organizaciones nacionales y regionales del país.

El objetivo de este Foro es discutir y revitalizar las propuestas de las comunidades afectadas por la minería frente al actual modelo de desarrollo basado en las industrias extractivas, para garantizar el real ejercicio de nuestros derechos como pueblos afectados por la minería y las políticas públicas.

Asimismo, buscamos presentar propuestas a las autoridades políticas, sector empresarial minero y opinión pública nacional temas relacionados a los impactos de las industrias extractivas en los derechos de las comunidades, la salud humana, las libertades fundamentales y la grave crisis de los efectos del cambio climático.

Nuestra tarea será lograr que las propuestas y acuerdos del Foro de los Pueblos sean incorporadas en la agenda del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y sector empresarial minero. Solo así el Perú avanzará en el establecimiento de un orden jurídico que asegure el Estado de Derecho y una verdadera inclusión social.

Esta es la continuidad de un trabajo que realizamos las comunidades de los andes y la costa organizadas en la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, CONACAMI PERÚ, desde hace 12 años, contribuyendo así a fortalecer el proceso organizativo y de incidencia política de los pueblos indígenas para exigir que se nos respete como sujetos históricos con derechos frente a los impactos del modelo de desarrollo extractivista.

Porque es con este modelo de desarrollo que se acentúa la situación histórica de exclusión, discriminación y afectación de los derechos de las comunidades andinas, amazónicas y de la costa.

Esta situación se expresa claramente en:

El desconocimiento por parte del Estado y las empresas mineras de nuestros derechos como pueblos indígenas. Pese a los avances desde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en materia de incorporar en la normatividad nacional nuestros derechos, como por ejemplo la consulta, ello aún no expresa nuestros reales intereses y derechos reconocidos internacionalmente.

La ampliación y agudización de los conflictos socio ambientales generados por la imposición de actividades mineras. Esto ha sido evidente en los casos más álgidos como el del proyecto minero Tía María en Arequipa; la imposición de las concesiones mineras en Puno; el proyecto minero Quellaveco en Moquegua, el proyecto minero Pampamali en Huancavelica, entre otros.

La criminalización de dirigentes y líderes comunales. Está comprobado que el Estado peruano, ha instaurado una serie de mecanismos legales cuestionables los cuales son utilizados a través de sus instituciones como el Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional, para dar “solución” a los diversos conflictos sociales generados por la imposición de las actividades mineras, implementando acciones judiciales y policiales que vulneran derechos y libertades fundamentales. Producto de ello existe un número significativo de dirigentes y lideres criminalizados. Sólo por citar algunos ejemplos, tenemos que en Piura existen alrededor de 300 procesados de las comunidades de Ayabaca y Huancabamba relacionados a las actividades de la empresa minera Zeijing; en Ancash, alrededor de 20 procesados del distrito de Huaraz relacionados a las actividades de la Empresa Minera Barrick Misquichilca; en Puno, existen alrededor de 42 dirigentes relacionados a la imposición de concesiones mineras.

El aumento de mujeres y niños víctimas por metales tóxicos. Está comprobado que en el Perú existen comunidades en donde hay una demostrada vulneración del derecho a la salud y la vida producto de las actividades de exploración, explotación, procesamiento, transporte y almacenamiento de minerales por parte de empresas mineras nacionales e internacionales. Entre los casos emblemáticos identificamos que en Junín existen alrededor de 30 mil personas en la localidad de La Oroya intoxicadas por las actividades de la fundición de DOE RUN; en Pasco existen alrededor de 300 personas en las localidades de Champamarca y Quiulacocha intoxicadas por los pasivos ambientales de Centromin Perú ; en la provincia del Callao existen alrededor de 80 mil personas intoxicadas por las actividades de transporte y almacenamiento de minerales de las empresas Perú Bar, Neptunia y Cormin.

La acentuación de la situación de vulnerabilidad de las mujeres en las comunidades. El desarrollo de proyectos mineros en territorios comunales genera impactos sociales, como por ejemplo la prostitución y el alcoholismo, lo cual atenta con la integridad moral y buenas costumbres de nuestras comunidades y especialmente de las mujeres. Además, los impactos negativos de la minería en los recursos naturales afectan las labores agropecuarias que las mujeres realizan para la manutención de la familia.

La presencia y expansión de las actividades mineras en zonas sensibles que son fuentes de recursos naturales y de actividades económicas sostenibles. La minería viene incrementándose en términos de concesiones, exploración y explotación sin considerar la biodiversidad, las fuentes de recursos naturales, los servicios ambientales y el modelo de desarrollo económico (agricultura y ganadería) de los cuales viven las comunidades. Es así que muchas comunidades protegen sus recursos naturales y reafirman su modelo de desarrollo distinto a la minería, como por ejemplo en Ayabaca, Huancabamba y Tambogrande, ubicados en la región Piura; en el Valle del Tambo en la región Arequipa, en el distrito de Torata, en la región Moquegua; en el distrito de Ticaco, en la región Tacna; entre otros.

El modelo de desarrollo extractivista basado en la minería, para diversos sectores del Estado, pretende convertirse en fuente de legitimación social. Hoy, luego del acuerdo entre el Estado y las empresas mineras sobre el incremento de beneficios económicos (gravamen minero), es fundamental discutir la relación entre la dependencia de la explotación minera y el combate a la pobreza y el desarrollo nacional. Sobre todo para que la minería no se constituya en una fuente de afectación de derechos de las comunidades.

Para dar una respuesta a esta vulneración de derechos y proponer un modo de vida alternativo al extractivismo, sustentado en el respeto a la Madre Tierra, el BUEN VIVIR o SUMAK KAUSAY como paradigma comunitario para vivir bien, reflejado en una práctica cotidiana de respeto, armonía y equilibrio con todo lo que existe, nos reuniremos las comunidades afectadas por la minería en el FORO NACIONAL DE LOS PUEBLOS ALTERNATIVO A LA 30º CONVENCIÓN MINERA. Este evento se desarrollará del 13 al 16 de septiembre, en el Local de la Asociación de Criadores, Propietarios y Aficionados de Toros de Pelea de Arequipa, ubicado en la Quinta Tristán Mz V, Lote 2, I etapa – Costado de la Comisaría del Distrito: José Luis Bustamante y Rivero – Ciudad de Arequipa.

Lima, septiembre de 2011.

Consejo Directivo Nacional de CONACAMI Perú

Fuente: Servindi