La medida asumida por un juez federal, tildando de inconstitucionalidad a varios artículos de la ley de protección de glaciares y ambiente periglacial, era imaginable en provincias como la de San Juan, manejada por un hacendado de la cosa pública, una "estancia" de casi 90.000 kilómetros cuadrados convertida en feudo, organizada para impedir la libertad de expresión, la libertad de prensa, las audiencias públicas, las consultas populares en emprendimientos relevantes, que son ambiental y socialmente insostenibles.