Colombia

"Instamos a los Estados, responsables de garantizar los derechos, a proteger la vida y salvaguardar a las personas, y a que cumplan su obligación de dar seguridad y garantías a los y las líderes. La defensa de la vida y del territorio no puede ser apagada a vista y paciencia de quienes deben garantizar los derechos, más aún cuando su vida ha sido públicamente amenazada".

La Defensoría del Pueblo de Colombia reveló este jueves que unos 172 líderes sociales fueron asesinados durante el 2018, hecho que conlleva a 431 homicidios registrados en el país desde 2016. 

“Voces a prueba de balas” es el nombre de la campaña que toma los discursos de 11 defensores y defensoras de derechos humanos que están amenazados en Colombia.

Si bien esta ley crea “herramientas fundamentales para lograr que las acciones de investigación, desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología, gestión del conocimiento, formación, capacitación y extensión soporten efectivamente los procesos de innovación requeridos para mejorar la productividad, competitividad y sostenibilidad del sector agropecuario colombiano”, omite elementos esenciales para la atención a los sujetos de la Reforma Rural Integral y el fortalecimiento de la agricultura campesina, familiar y comunitaria.

Habitantes del Bajo Sinú en el departamento de Córdoba (Colombia) denunciaron que la comunidad El Playón puede desaparecer tras deslizamiento de un talud por la actividad de la represa Urrá I sobre el río Sinú. Exigen que el gobierno nacional y autoridades locales tomen medidas urgentes.

La votación en contra del fracking en Fusagasugá (municipio de Cundinamarca) fue contundente: el 99, 18% de las personas rechazó con vehemencia la explotación de hidrocarburos en las inmediaciones del páramo de Sumapaz. 

Francia Márquez tuvo el valor de enfrentarse a la minería ilegal y a los impactos medioambientales que esta causaba en Colombia. En 2018 fue galardonada con el prestigioso Premio Goldman por su defensa del medio ambiente.

La historia se repite: En la madrugada del 6 de enero, hombres desconocidos y armados irrumpieron en una finca de la vereda San Isidro, zona rural de Bonda de la ciudad de Santa Marta, en donde se encontraba la lideresa social Maritza Quiroz Leiva, la asesinaron fríamente, aunque la Corte Constitucional había solicitado protección para su vida.