Marcha indígena por derechos y respeto a su territorio
La Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (ANIVID) inició este lunes su movilización nacional en reclamo de la reapertura de la sede central del INDI, denunciando el desmantelamiento de las medidas de protección a los pueblos indígenas y exigiendo presupuesto para la compra de tierras, el fin de los desalojos y la apertura de un espacio de diálogo permanente con el gobierno.
La movilización, que coincide con la sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Asunción, continuará en los próximos días y suma fuerzas en todo el país. Más de cinco horas de bloqueo sobre la Ruta Transchaco, cierres intermitentes en Amambay, Concepción y Alto Paraná fueron las acciones registradas en este primer día de protesta.
Ya en los días previos el gobierno se mostró cerrado a debatir la posibilidad de ampliar el presupuesto destinado a la compra de tierras, uno de los reclamos centrales de las organizaciones. “Exigimos presupuesto real para compras de tierras, sin tierra no hay vida. Demandamos recursos suficientes para garantizar la restitución y compra de tierras a las comunidades con trámites que en algunos casos llevan más de 20 años de espera”, señalaron desde la ANIVID.
Según datos del censo indígena 2022, al menos 150 comunidades —cerca del 30% de las 557 registradas— no cuentan con tierras propias o carecen de títulos que garanticen la seguridad jurídica sobre los territorios que habitan. A esta situación se suma la práctica del alquiler de tierras, que empuja a decenas de comunidades a una vida marcada por la precariedad y el riesgo constante de expulsión.
La ANIVID también exige poner fin a los desalojos forzosos contra comunidades indígenas. “Rechazamos la violencia, el despojo y las expulsiones ilegales de nuestras comunidades. La criminalización y el desalojo son violaciones graves de derechos humanos y de los derechos colectivos de los pueblos indígenas”, enfatizaron. Un informe de BASE-IS advierte que el marco legal impuesto por la Ley Zavala-Riera ha abierto las puertas a la sistemática violación de estos derechos, con al menos 60 personas indígenas procesadas, en su mayoría dirigentes comunitarios, y varias de ellas con órdenes de captura.
La movilización indígena expresa con claridad que no se trata solo de la reapertura de una oficina estatal, sino de una lucha más amplia contra las políticas de exclusión y retroceso en materia de derechos. Ante el silencio y la indiferencia del gobierno, las comunidades vuelven a las calles para recordar que sin tierra, sin territorio y sin respeto a su dignidad, no hay futuro posible para los pueblos indígenas en Paraguay.