Acaparamiento de tierras

El 29 de junio el presidente Mauricio Macri tomó una decisión clave en lo que refiere a la soberanía territorial y el esquema de la propiedad de la tierra en un país donde el modelo agrario es central. Mediante el decreto 820/2016 modificó la ley 26.737 que regula la extranjerización de tierras.

Los gobiernos o individuos responsables de delitos contra el medio ambiente, el acaparamiento de tierras o la explotación ilegal de los recursos naturales podrán ser, a partir de ahora, perseguidos y juzgados por la legislación internacional.

Mediante un decreto, el gobierno argentino de Mauricio Macri modificó la ley que fijaba límites al traspaso de propiedad del suelo argentino. Hay innumerables recursos naturales en la mira de esta medida que pone en juego la soberanía de la nación: acuíferos, bosques y la zona núcleo productiva.

"En esta edición buscamos acercarnos al conocimiento del suelo y la geografía, al tiempo que seguimos profundizando en el análisis del plan IIRSA, esa nefasta estrategia de unión entre los Estados de América Latina para saquear nuestros territorios y nuestras gentes."

Lo que sucede con la comunidad nativa de Caimito, del pueblo shipibo, en la región Ucayali, es un claro ejemplo de la pérdida sistemática del territorio que vienen padeciendo las comunidades nativas.

Vídeo didáctico realizado por la red de forjadores y forjadoras de paz. Su objetivo es explicar de manera sencilla el problema de la tierra en Colombia.

Algunas conclusiones del estudio 'Estructura de la propiedad de la tierra en España': "existe una preocupante y creciente tendencia a la concentración de tierras que, con nuevos matices, consolida una realidad histórica. Observamos una conexión entre la tenencia de la tierra cada vez en menos manos y la desaparición de pequeñas fincas agrícolas que, en definitiva, debilita la estructura económica del medio rural."

" Condenamos la estrategia del gobierno de Juan Orlando Hernández al aprobar un Decreto Ejecutivo pcm-051- 2016 el 13 de julio y publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 23 del mismo mes, con el que estaría desapareciendo el 50 por ciento de las oficinas y bienes del Instituto Nacional Agrario (INA), los cuales estarían puestos a la venta. Esta medida dejará a centenares de familias desempleadas y miles de campesinos y campesinas sin asistencia, asesoría legal y técnica con el objetivo de despojar a las familias campesinas de sus tierras."