Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

El asesinato del defensor ambiental obligó a las autoridades de Honduras a atender las denuncias de daños ambientales al Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras. Las comunidades afectadas por el megaproyecto minero en Tocoa han sido testigos de los asesinatos y el desplazamiento forzado de defensores. Actualmente hay tres presuntos autores materiales detenidos por el asesinato del defensor. Sin embargo hay 13 personas señaladas por delitos ambientales y de abuso de autoridad relacionadas con denuncias hechas por López desde 2021.

La lucha por la defensa de los territorios y la Naturaleza no puede ser silenciada. Hoy, la empresa minera ACLARA ataca a quienes se han organizado para proteger su comunidad, usando mecanismos judiciales para perseguir y amedrentar a activistas como Camila Arriagada y Arnoldo Cárcamo.

El Poder Judicial y el gobierno de Mendoza funcionan como los mejores aliados de la megaminería. Ante el rechazo vecinal al proyecto de cobre San Jorge, detuvieron de formar arbitraria a dos asambleístas socioambientales. El fiscal Juan Manuel Sánchez impulsó las detenciones a partir del testimonio de un comerciante prominero. La jueza Claudia Tula lo avaló, pero este jueves se declaró incompetente y ordenó liberarlos.

En el valioso registro, que hoy toma especial relevancia en medio del misterio que rodea su desaparición, Julia Chuñil expresó su felicidad por ser una "mujer luchadora" y por poder asistir al "trafkintu", una ceremonia mapuche de intercambio de semillas y saberes.

Junto a Pablo San Martín Chuñil, hijo mayor de la dirigenta mapuche, el espacio virtual Día a Día por Julia Chuñil convoca a una conferencia de prensa el 8 de Abril a las 11.30 horas en la sede del comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU, (Paseo Bulnes 188, oficina 62).

El aumento de casos de amedrentamientos de empresas a activistas medioambientales en nuestro país ha ido de la mano con mayores demandas en tribunales. “En mi caso me trataron de anular”, cuenta el defensor Rodrigo de la O. Fuente.

Desde el Movimiento por el Agua y los Territorios se solidarizaron con los activistas ambientales de Penco contra los que Aclara presentó un recurso de protección y señalaron que "los intentos de amedrentamiento no son aislados ni casuales", ya que buscan "allanar el camino para proyectos impuestos a espaldas de las comunidades".

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) documentó los casi 16 mil casos de desplazamiento forzado en las comunidades de Chiapas, el despojo territorial contra los pueblos, la violencia contra defensores de la tierra y los derechos humanos, los impactos de la militarización en los territorios y la violencia del crimen organizado en su informe “Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal”.