Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

Seis dirigentes sociales han sido asesinados en lo que va corrido del 2017. El primero de estos hechos se presentó el 31 de diciembre en el municipio de Balboa, departamento del Cauca, en donde le dispararon a Yaneth Alejandra Calvache hasta causarle la muerte.

Isidro Baldenegro López, luchador social indígena que recibió el Premio Goldman 2005 para Norteamérica, fue asesinado el fin de semana pasado en la vivienda de un familiar en la comunidad de Coloradas de la Virgen, del municipio de Guadalupe y Calvo.

Fallece Sebastián Alonso Juan, de 72 años de edad, tras una agonía de más de tres horas, al quedar tendido en un potrero a unos 900 metros de la maquinaria de la empresa Proyectos de Desarrollo Hídrico S. A. en Yisquisis, San Mateo Ixtatán, al Norte de Huehuetenango.

El pasado 12 de enero mediante decreto 1294 emitido por Rafael Correa, presidente de Ecuador, extendió por 30 días más el Estado de Excepción en Morona Santiago tras el conflicto existente en #Nankints por la presencia de la minera china Exsa, campamento La Esperanza.

De acuerdo al Informe Anual del INDH existe un incremento de conflictos como consecuencia del tipo de proyectos que se están desarrollando y el empoderamiento de la ciudadanía para la reclamación de sus derechos. El centralismo se identifica como otro factor preponderante, pues no admite las particularidades de los territorios y concentra la recaudación fiscal en la capital.

"Comunicamos nuestra preocupación, una vez más, por la recurrencia de discursos y relatos sesgados y erróneos sobre la realidad de los pueblos indígenas actuales y sus orígenes... Las 'recuperaciones' no son actos terroristas ni amenazas a la seguridad nacional, tal como sostiene el Ministerio de Seguridad de la Nación. Son llamados de atención sobre historias silenciadas en el relato oficial de la colonización, sobre los efectos negativos de la extranjerización de la tierra y de la intervención del capitalismo extractivista, y revelan la continuidad de la colonialidad en el presente."

Entrevista a Tomas Gómez, coordinador del COPINH en Honduras: "El objetivo del asesinato ha sido detener una exigencia del territorio lenca, pero también frenar el levantamiento de otras comunidades. Con el asesinato de Berta querían destruir a una organización como el COPINH que es beligerante, que moviliza a los territorios y que se enfrenta a las concesiones que nos matan a pausa porque nos quitan nuestra soberanía alimentaria, al quitarnos el agua, la tierra, el oxígeno y no poder producir."

Los abogados de Gustavo Castro en México y Honduras; Miguel Ángel de los Santos y Edy Tábora, respectivamente, han interpuesto una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de acuerdo a lo que explicaron en rueda de prensa este lunes 16 en México DF.