Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

En la segunda jornada de la Audiencia de Extradición, tras escuchar a la Fiscalía, a la Defensa y a los testigos convocados, el Juez Federal de Esquel Guido Otranto dio a conocer la resolución por la cual denegó la extradición del preso político mapuche Facundo Jones Huala.

"Luego de cierres de calle los días 25 y 26 de agosto, en la comunidad de Gualaquita, provincia de Bocas del Toro, los resultados fueron graves debido al uso de la fuerza por parte de agentes antidisturbios, en donde 20 indígenas fueron heridos, 3 de gravedad".

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras a 6 meses del asesinato de la Coordinadora General de COPINH comunica lo siguiente.

Corporaciones, estado nacional y autoridades municipales hostigan y detienen a Maya-Kichés por usar leña para cocinar mientras le abren las puertas a empresas que cortan y transportan madera ilegalmente todos los días.

Durante el encuentro de Derechos Humanos de La Vía Campesina, del 18 al 20 de Agosto en la Escuela Nacional Florestan Fernandes (ENFF), en la localidad de Guararema, Sao Paulo, Abogados Populares, Movimientos del Campo y organizaciones debatieron la criminalización de las luchas de los movimientos sociales en el mundo, recabando múltiples propuestas de acciones con el fin de reforzar y ampliar la actuación del Colectivo de Derechos Humanos de LVC.

Perseguido a ambos lados de la cordillera, Jones Huala enfrenta hoy el inicio del proceso que busca extraditarlo a Chile. Entrevistado por El Desconcierto desde la cárcel patagónica, el Lonko denuncia el intento de persecución de ambos países y reivindica la reconstrucción política mapuche desde el Pacífico hasta el Atlántico.

"Hacemos un llamado urgente a la solidaridad Internacional, estar atentas y atentos a este caso que ratifica la situación de criminalización a la que están expuestas las defensoras por parte del gobierno estatal en contubernio con las transnacionales."

O documento repudia contundentemente o autoritarismo de práticas que negam ao povo o direito de se manifestar livremente, sobretudo quando outros direitos lhes são negados.