Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

"La respuesta por parte de la guardia de honor en casa presidencial y de los efectivos de la Policía Militar del Orden Público, fue la brutal agresión en su contra".

"Exigimos al señor Eduardo Vallarino, que se retracte y pida disculpas públicamente por el daño al honor de los miembros de MOCAMDERCO, otras personas y organizaciones que durante años ha calumniado e injuriado".

"Expresamos nuestra más profunda preocupación por la situación de vulnerabilidad a la que están expuestos los defensores y las defensoras que, desde el 3 de marzo, se han plantado en la sede del MEM para pedir que se suspendan las operaciones en la mina El Tambor".

"Exigimos en carácter urgente, que se entregue al COPINH toda la información pertinente y disponible, de manera directa y en un ámbito de respeto al derecho a la información que tenemos como víctimas".

"Nos solidarizamos con el compañero Daniel Pascual Hernández, destacado líder Maya K'iché, coordinador general del Comité de Unidad Campesina (CUC)".

"Expresamos nuestra profunda preocupación por la reiterada violación de los derechos humanos de miles de campesinos/as, indígenas y afro hondureños, en cuya lucha se ha criminalizado a más de 5,000 campesinos/as, que se encuentran procesados en los Tribunales de la República, por problemas agrarios, entre ellos más de 1,700 mujeres, alrededor de 200 campesinas y campesinos asesinados y muchos sometidos a una persecución sistemática."

La criminalización de defensores de derechos humanos en el contexto de la extracción de recursos naturales y de megaproyectos se ha convertido en un fenómeno muy preocupante en América Latina, denunció hoy el Observatorio en México durante la presentación de su último informe titulado “La criminalización de defensores de derechos humanos en contextos de proyectos industriales: un fenómeno regional en América Latina”.

La intervención del presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim el pasado 6 de abril, en el Seminario de la Unión Teológica, en la ciudad de Nueva York, refrenda la política del Banco Mundial en materia de derechos humanos, la que en los últimos años ha retornado a los desalojos masivos en nombre de un supuesto desarrollo.