Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

Familiares de la dirigente indígena asesinada, junto con los movimientos sociales y populares de Honduras, volvieron a exigir una investigación independiente, transparente e imparcial.

¿Qué hay detrás de los asesinatos contra luchadores sociales, comunitarios y defensores del agua y territorio en Guatemala y Honduras? En los primeros 3 meses del 2016 fuimos golpeados por la terrible noticia del asesinato de Berta Cáceres, pocos días después Noe García ambos del COPINH y recientemente Walter Méndez en Las Cruces Petén.

América Latina se encuentra en una encrucijada. O se ponen medidas para transitar el modelo extractivista del que ha venido haciéndose cada vez más dependiente en las últimas décadas, o la situación de la región se volverá completamente insostenible en términos sociales, ambientales, climáticos e, incluso, fiscales y económicos.

Video de homenaje a la compañera Bertha Cáceres, realizado en el marco de la Escuela de los Derechos de los Pueblos del Abya Yala que lleva su nombre.

Edición 46 del espacio radial conjunto de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-Vía Campesina) y Radio Mundo Real (Amigos de la Tierra Internacional), en el ojo de la tormenta continental que amenaza con un golpe de estado contra el gobierno de Dilma Roussef en Brasil, continúa la criminalización a los luchadores y luchadoras sociales en Honduras y se discute qué paz es necesaria para Colombia.

"Berta Cáceres la que nos invitó a refundarnos por adelantado, para vivir desde nosotras y desde nuestras organizaciones y comunidades un poder diferente, uno que no es el formal que conocemos, que es como lo que fue ella, antisistémica. Todas esas Bertas que son una sola y que somos nosotras ahora, si retomamos su compromiso a través de la lucha del COPINH".

Desde Otros Mundos Chiapas A.C. expresamos nuestra preocupación por la falta de respuesta y atención de la Secretaria de Relaciones Exteriores Claudia Ruiz Massieu al caso de Gustavo Castro Soto.

El rol de las empresas en la criminalización de personas y comunidades, muchas de ellas campesinas o indígenas, que defienden sus derechos relacionados con la tierra y el territorio es preocupante en toda la región. Con frecuencia son los actores privados quienes emprenden procesos penales en contra de líderes y dirigentes comunitarios para desestructurar los movimientos en defensa de las tierras y salvaguarda de los bienes comunes, y quienes hacen uso de mecanismos de seguridad privada que promueven amenazas, hostigamiento y ataques físicos en su contra.