Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

Manuel Trujillo es un campesino que vive en San Pablo de Amalí, parroquia San José del Tambo, cantón Chillanes, provincia Bolívar en Ecuador. Es un hombre vinculado a la defensa del Territorio y a los Derechos Humanos. El martes 19 de enero de 2016 afrontará la audiencia de juzgamiento por “terrorismo organizado” en el Tribunal de Garantías Penales de Guaranda, que según el Código Integral Penal, dicho delito tendría una pena de 4 a 8 años de cárcel.

El ataque por parte de elementos de la Fuerza Naval de Honduras a un grupo de Garífunas, el pasado 27 de diciembre en la barra de Iriona, tuvo como resultado la muerte de dos jóvenes, que se encontraban auxiliando a un vehículo atascado en la arena, en el cual transportaban familias desde Tocamacho hacia Tocoa.

La liberación de Cemeí Verdía Zepeda, comandante de la policía comunitaria de Santa María Ostula y líder de las autodefensas de los municipios de Aquila, Coahuayana y Chinicuila, “no detiene la lucha” pues, advierte Agustín Vera Ramírez, vocero de esta comunidad del litoral michoacano, “las demandas no han sido cumplidas” y por lo tanto “la comunidad continúa organizada”.

A iniciativa cidadã de criar um Tribunal contra a Monsanto foi lançada no passado mês de Dezembro de 2015, dias antes da 21ª Cimeira das Partes que teve lugar em Paris.

Nicinha foi vista a última vez por uma companheira de acampamento, quando estava cozinhando e lavando roupa em seu barraco, por volta do horário de 12 horas do dia 7 de janeiro.

Aguas de Oro: Un trabajo de Simona Carnino, sobre el conflicto Conga y la explotación minera en Cajamarca.

“A matança de Curuguaty, onde morreram 17 pessoas, 11 camponeses e seis policiais, foi planejada pelos herdeiros políticos de Alfredo Stroessner. O objetivo das torturas e execuções dos sem-terra era inviabilizar a reforma agrária e a luta dos movimentos sociais no Paraguai”, denunciou o advogado Amélio Sisco, durante a Cúpula Social do Mercosul, realizada recentemente em Assunção.

El 8 de octubre de 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una Sentencia, mediante la cual declaró responsable internacionalmente al Estado de Honduras por la violación del derecho a la propiedad colectiva, en perjuicio de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros.