Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

Afectados y afectadas por represas, en el marco de la Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular colombiana, han sido amenazados por su reivindicación de permanencia en los territorios, al tiempo que reclaman una instancia nacional donde denunciar las violaciones a sus derechos, humanos y de la naturaleza, por los megaproyectos de presas.

En el cuarto día de paro en Colombia de la Minga Nacional Agraria Campesina Étnica y Popular, asesinaron a dos indígenas, llegando a tres el número personas asesinadas desde el inicio de las protestas.

El próximo 5 de junio se celebra en el país el Día del Campesino. Más de 11 millones existentes en el país le hablan al país a través de diversos procesos regionales y nacionales como la Cumbre Agraria que en estos días se movilizan por el derecho a la vida, organización, movilización, la falta de garantías para desarrollo de sus actividades como también el cumplimiento de los compromisos firmados y adquiridos en el marco del pliego unitario de la Mesa Única desde el 2014.

"Seguimos y seguiremos pidiendo Justicia para Berta, protección para sus familiares y para todas las personas integrantes del Copinh. Más de 80% de los feminicidios en Honduras quedan impunes. Pero se ha levantado una voz desde muchos rincones del mundo contra este crimen. Berta seguirá viviendo en nuestras luchas. Por eso nos sumamos a la voz del Copinh y las organizaciones hondureñas. Continuaremos su lucha por la defensa de la vida, las mujeres, los pueblos indígenas y negros, del Río Gualcarque y de todos los ríos. Exigimos la salida de DESA y de cualquier proyecto extractivo del territorio Lenca y el respeto del derecho al consentimiento previo, libre e informado del pueblo hondureño."

"Está en curso, desde el 30 de mayo, en importantes espacios del territorio nacional, una amplia movilización social que incorpora indígenas, campesinos, afrodescendientes y sectores populares".

"Y así una vez más el capital transnacional extractivo y genocida, acaba con los últimos pueblos indígenas de Panamá y América. En donde el interés privado, sopla a favor de la acumulación de riqueza en manos de la clase más pudiente de la región".

"Estas iniciativas son nada más que limpieza de imagen para una empresa controversial y otra forma de comprar la gente directamente afectada por la represa, sostiene la COPINH".

El asesinato de Berta Cáceres ha desnudado una serie de intereses económicos que involucran distintos niveles de funcionarios, instituciones financieras, integrantes de gobiernos centroamericanos, europeos, estadounidenses y canadienses (por lo menos) que dejan ver la arquitectura del despojo.