Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

De estos 142 casos (115 activos y 27 latentes) se puede observar que 94 corresponden a conflictos relacionados a actividades mineras, 21 a hidrocarburos, 10 a energía, 5 a residuos y saneamiento, 3 a forestales, 2 a agroindustria y 7 a otras actividades.

"Insiste que no se dejará sobornar por la mina, que no venderá su predio porque no busca beneficio personal y suceda lo que suceda continuará con su causa. "Nuestra lucha no sólo es por mi familia y mi terreno, es por todas las comunidades, por la salud de las personas y para proteger a la laguna".

"Y cuando golpean y amenazan a Sofía nos golpean y amenazan a todos, golpean y amenazan nuestros derechos a la salud, a la vida. Golpean nuestro derecho a un ambiente sano".

El Reporte de Conflictos Sociales N° 138 de la Defensoría del Pueblo, correspondiente al mes de agosto de este año, registró 213 conflictos sociales (153 activos y 60 latentes), de los cuales 142 son de carácter socioambiental.

"La compañera Sonia Gáleas no pudo contener las lágrimas cuando narró lo que sucedió el día del desalojo violento, al referirse a que podrían permanecer dos años en la cárcel por el delito de usurpación, se le formo un nudo en la garganta y se le apago la voz".

El asesinato de la líder comunitaria María das Dores dos Santos Salvador, de 52 años, conocida como Dora, ha intensificado las discusiones sobre los conflictos por la tierra en el Estado de Amazonas.

Son por lo menos 28 violaciones a los derechos comunitarios contra el pueblo garífuna de Honduras, grupo étnico zambo descendiente de africanos, caribeños y arahuacos, registradas en la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH).

Organizaciones sociales e indígenas denunciaron que el Poder Judicial de Chubut guarda informes de Inteligencia sobre activistas de Esquel que se oponen a la instalación de minas. Aseguran que se trata de persecución y violencia institucional. Repudio del CELS.