Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

En esta entrevista el abogado Abel Areco habla sobre el funcionamiento del Estado para responder a los derechos campesinos y el poder terrateniente en Paraguay.

Desde ayer miércoles 10 de Febrero de 2016, se lleva a cabo la audiencia de juicio en el Tribunal de Garantías Penales de Zamora Chinchipe, por el asesinato producido el 2 de Diciembre de 2014 del líder shuar antiminero José Tendetza, hallado muerto a la orilla del río Zamora y encontrado por un grupo de trabajadores mineros.

Con versiones extraoficiales nos han llegado la información de un inminente desalojo de las familias campesinas sin tierras del Asentamiento 1ro. de Marzo- Joaju, del Distrito de Yvyrarovana, Departamento de Canindeyú.

Máxima Acuña y su familia, agricultores de subsistencia en el norte de Perú, han denunciado nuevos actos de intimidación y acoso perpetrados contra ellos, en esta ocasión por personal de seguridad de una empresa minera. Mantienen una disputa legal con la empresa minera por la propiedad de unas tierras en las que viven. Creen que los continuos actos de acoso e intimidación que sufren son un intento de obligarlos a marcharse.

El encarcelamiento de Nestora Salgado García, a quien la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reivindica como “defensora de la población indígena en el estado de Guerrero”, no tiene razón de ser. Nunca la tuvo.

La enorme corporación minera intentó por todos los medios echar a esa familia campesina. Usaron policías, guardias, periodistas, juicios, y muchas otras armas. Pero es una familia testaruda, con una mujer arraigada a su tierra en los Andes del norte de Perú, que resiste con todas sus fuerzas y no cede. Como no pudieron echarla ahora destruyen sus cultivos de alimentos y su perro es encontrado herido. La malicia queda de esta manera al desnudo.

Decenas de trabajadores de la empresa minera Yanacocha acompañados de efectivos policiales ingresaron el 30 de enero al predio que ocupa Daniel Chaupe, hijo de la campesina Máxima Acuña, en la provincia cajamarquina de Celendín, para destruir los sembríos de papa que éste custodiaba.

Condenan a prisión a cuatro de los siete acusados en las protestas en la ciudad de Puyo, Ecuador, durante la huelga del 13 de agosto del pasado año, cuando campesinos, indígenas y trabajadores realizaron una medida de fuerzas contra las políticas del gobierno de Correa.