Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

"Mientras la mayor parte del pueblo tico se desbordaba en lágrimas, gritos, abrazos, caras pintadas con colores patrios, fiesta, unión y alegría en honor a la gesta de “la Sele”, otros linchaban indígenas y destruían sus bienes. Las imágenes de la gente feliz por todo el país, sonriente, con su camiseta roja, decidida a tomar las calles para festejar, contrastaban con las que evidencian hombres caminando enfurecidos, sin nada que celebrar, con pañuelos, tubos y machetes decididos a tomar las tierras para usurpar."

La fórmula es conocida. Gobiernos como el de Guatemala consideran que su población es “ignorante” y que precisa de extranjeros para organizarse y exigir sus derechos. Conclusión: Otto Pérez Molina se quita la máscara y ordena la salida de dos voluntarios de Brigadas Internacionales de Paz (PBI).

Por encima de la victoria diplomática que significó para Ecuador y Sudáfrica la aprobación el pasado jueves 26 de junio de una resolución que crea un grupo intergubernamental para trabajar un tratado vinculante sobre corporaciones trasnacionales y Derechos Humanos, desde las organizaciones miembro de la campaña Desmantelar el Poder Corporativo y la Impunidad se valoró las perspectivas que se abren en la profundización de las denuncias y judicialización de las corporaciones por la violación del derecho humanitario.

La Ley Indígena 6172 contempla que los territorios indígenas son inalienables, intransferibles e inembargables y el Convenio 169 de la OIT plantea la autonomía de los pueblos indígenas, por ello el pueblo indígena de Salitre está gestionando acciones para recuperar su territorio, ya que son los dueños legítimos de este.

La céntrica Plaza San Martín fue escenario de una nueva concentración de protesta contra el polémico paquete de normas elaborado por el ministro de Economía Luis Castilla y que es considerado un retroceso ambiental por organizaciones sociales, indígenas, ambientales, políticas y de derechos humanos.

Front Line Defenders visitó el Perú en febrero de 2014 y viajó a lo largo de las regiones de Cajamarca y Cusco, donde realizó una investigación sobre los conflictos actuales entre las empresas mineras y las personas defensoras campesinas e indígenas. El informe presentado está basado en el trabajo de campo y las entrevistas realizadas con personas defensoras de los derechos humanos independientes y organizaciones de la sociedad civil.

Simpatizantes zapatistas del poblado Primero de Agosto, en la región tojolabal de Las Margaritas, Chiapas, denunciaron agresiones y despojos por parte de miembros de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos Histórica (Cioac-H) y la Alianza de Organizaciones Sociales y Sindicatos de Izquierda (ASSI). Entre los agresores, los indígenas identificaron a dirigentes de la central que participaron en el ataque a las bases zapatistas de La Realidad el pasado 2 de mayo, cuando fue asesinado Galeano y destruyeron la escuela y la clínica autónomas.

El Observatorio de Tierra, Agronegocios y Derechos Humanos registró el asedio sobre las comunidades rurales, que se dio a través de desalojos, atropellos, amedrentamientos. Resaltaron además la declaración estatal de que Marina Cue es del Estado paraguayo, el logro de Sawhoyamaxa en la Cámara de Diputados, el índice de deforestación récord del 2013, la corrupción estatal-política en torno a las tierras de San Agustín y la opinión del Banco Mundial de que el sector agroexportador local debe pagar más impuestos.