Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

Ante el poco tiempo que queda para que venza la concesión del Proyecto Integral Morelos, el gobierno decidió usar al ejército para imponer el gasoducto que las comunidades rechazaron. Sin embargo, en los pueblos “nadie se echa para atrás”, señala la activista Miriam Vargas.

Las familias de Cerro Morenita denunciaron cortes de alambrado, amenazas con disparos de arma de fuego e intimidaciones de los inversores brasileros acompañados por el comisario de Wanda para que desalojen los lotes fiscales.

En la mañana del miércoles 4 de junio, fue asesinado de cuatro balazos Antonio Esteban Cruz, líder del Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP), y opositor al proyecto de construir una hidroeléctrica en el río Apulco, en los municipios de Cuetzalan y Ayotoxco.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Guatemala criticó este martes el violento desalojo ocurrido la semana precedente contra pobladores que se oponen a la construcción de una mina en el norte de la capital.

Una vez más la justicia formoseña y el gobierno de la provincia se unen para descalificar y acusar a Felix Díaz y a los integrantes de la Comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera) como los responsables de delitos que no cometieron. Si alguien es responsable de la violencia es el gobierno provincial y la total indiferencia del gobierno nacional.

Entrevista con la dirigenta guatemalteca Yolanda Oquelí, tras un violento intento de desalojo en La Puya.

Garífunas comparecen ante la CIDH para denunciar violaciones a sus derechos fundamentales.

Las decenas de heridos –incluso por bala- por la operación de la Policía Nacional Civil para despejar el camino a la mina El Tambor en La Puya, realizada el 23 de mayo, no amilanaron a los pobladores en resistencia, que reinstalaron su protesta pacífica de más de dos años.