Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

El jueves 22 de mayo vence el plazo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió al Estado Peruano para informar sobre los “continuos ciclos de amenazas, hostigamientos y actos de violencia” contra las personas que en su legítimo derecho rechazan el megaproyecto minero Conga.

Ante crecientes amenazas y presencia policial, cuatro comunidades agremiadas a la Federación Nacional Campesina (FNC) resisten desde el martes 29 pasado la fumigación de sojales ubicados a solo dos metros de caminos vecinales, fuentes de agua, huertas y viviendas de la gente.

A las 6:00 de la mañana, unos 300 miembros de la Operación Xatruch y la policía Nacional, ejecutaron un desalojo violento en la Cooperativa San Isidro y La Trinidad que pertenece al Movimiento Autentico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA), ubicado en la margen izquierda del Aguán, en el municipio de Trujillo, Colón.

En el marco de la Campaña nacional e internacional en solidaridad con las comunidades zapatistas, en repudio al asesinato de José Luis Solís López, alias Galeano, base de apoyo de la comunidad de La Realidad, asesinado el 2 de mayo en un ataque de paramilitares de la CIOAC, se realizaron marchas, concentraciones, actos culturales y bloqueos en muchas ciudades del mundo. Este es tan sólo un pequeño mosaico del acompañamiento al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)

El pasado 8 de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgo medidas cautelares a 123 líderes y lideresas de los movimientos campesinos que luchan por la tierra del Bajo Aguán. Por considerárseles amenazados, perseguidos y en una situación de urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal estarían en riesgo.

"El informe Rostros de la impunidad en Oaxaca. Perspectivas de la Defensa Integral de los Derechos Humanos (Código dh, 2014), refiere violaciones a los derechos humanos desde hace varios años, que no han sido resueltos y que siguen lastimando a los afectados."

Después de la crecida histórica del río Madera miles de familias quedaron desalojadas, los grandes impactos se funden al rastro de la destrucción de las dos mega hidroeléctricas de Santo Antonio y Jirau. Desde el inicio de las inundaciones los afectados se han movilizado y presentado propuestas por la garantía de sus derechos. Sin respuestas concretas y resistiendo a la reubicación para un campo de concentración de tiendas de lona, ocupan la represa de Santo Antonio para exigir al gobierno y las empresas.

"¿Cuándo se sancionará a las empresas mineras y petroleras que ingresan a los territorios de los pueblos indígenas sin permiso y sin realizarse previamente la consulta previa...? ¿Quién y cuándo se sancionará a los funcionarios públicos, que permiten a las empresas mineras y petroleras ingresar a los territorio indígenas, emitiendo concesiones inconsultas, encubriendo y favoreciendo la disposición de las tierras de los pueblos indígenas?"