Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

El martes de la semana pasada, 22 de abril, desde la Fiscalía Distrito 2 Turno 7 se ordenó una custodia policial permanente para la activista ambiental Sofía Gatica, referente de las Madres de Ituzaingó y de la resistencia contra la empresa Monsanto en Malvinas Argentinas. Gatica había denunciado el mismo día ser víctima de una persecución, que incluyó amenazas a sus hijos.

Denunciamos la detención y remisión en la cárcel de varios compañeros: Mariano Ayala, Roque Insfrán Martínez, Antonio Duarte Legal y Daniel Pérez Gómez, son de Pdte. Hayes del asentamiento Remansito; desde el viernes están recluidos en la Penitenciaría de Tacumbú y el compañero Milciades Atiensa del distrito de Alto Verá, Dpto. de Itapúa, actualmente se encuentra detenido en la comisaría de María Auxiliadora del distrito Tomás R. Pereira.

"Hacemos un llamado a las organizaciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional, de igual manera que las organizaciones fraternas de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador se solidaricen con las causas justas del pueblo de Sarayaku, y pedimos a los observadores internacionales internacionales que intervengan a fin de evitar la agresión de la que estamos siendo víctimas."

"La realidad es que desde fines del siglo pasado crece año a año el consumo de herbicidas y fungicidas, lo que lleva a poner en duda la eficacia de los OGM que deberían ser resistentes a las plagas. La realidad es que la tierra está siendo adaptada de manera forzada a los monocultivos, que los tóxicos están penetrando los conductos fluviales y aniquilando especies animales. La realidad es que es mejor ni pensar cómo impacta esto en el organismo humano."

Este video muestra cinco rostros que relatan la lucha por la tierra y el territorio desde la mirada de la defensa y construcción de los derechos humanos en Chiapas.

Persecución y asesinatos en contra del campesinado hondureño se profundizan.

Los responsables de su asesinato no sólo están libres, sino que son funcionarios, pero la familia y amigos de la activista mixteca asesinada no cejan en su exigencia de justicia y memoria.

"Manifestamos nuestro total apoyo a los pueblos; autoridades comunales y ejidales que en el cumplimiento de su deber se oponen al despojo de sus tierras y luchan contra la construcción de obras que atentan en su derecho a vivir en paz ,como es el Proyecto Integral Morelos (PIM) y que afecta principalmente a los pueblos y comunidades que están en los alrededores de la zona de riesgo del volcán Popocatepel y a los pueblos que están en los Estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos."