Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

Policías reprimieron con balines de goma y gas lacrimógeno a integrantes de la Federación Nacional Campesina (FNC) se movilizaban por la liberación de los tres campesinos detenidos y encarcelados por resistir la siembra de la soja en el asentamiento Brítez Cue (distrito de Canindeyú, Curuguaty).

Los “pigmeos” bakas están siendo expulsados de sus tierras ancestrales en nombre de la “conservación”. Gran parte de sus territorios se han convertido en “áreas protegidas”, a las que tienen escaso o ningún acceso, mientras se fomenta a los cazadores que pagan por cazar.

Nuevamente un mapuche es asesinado reivindicando su territorio. Otra vez el asesino intelectual está oculto detrás del autor material. José Quintriqueo fue asesinado durante la recuperación pacífica de tierras.

Bettina Cruz, defensora del territorio en Oaxaca, está a punto de recibir la resolución del juez, que podría enviarla hasta 10 años a la cárcel. Es una caso que las organizaciones de derechos humanos califican de “emblemática” criminalización de defensores del territorio.

"Mientras seguimos jugando a repasar las normas jurídicas en lujosos hoteles, a participar en eventos de justificación de la muerte y a realizar el concurso del rostro más preocupado en el sector público por la agenda indígena; el tema de fondo de las muertes de líderes indígenas y la persecución judicial, sigue siendo la agenda del día siguiente."

Los pueblos indígenas de Guatemala vuelven a padecer una masacre en sus territorios, la cual ha dado de nuevo lugar a la declaratoria del estado de prevención por parte del Gobierno de Otto Pérez Molina.

Cinco hermanos wichí están presos y amenazados con hasta quince años de cárcel por reclamar sus derechos. Gildo conducción, petróleo y miseria, periodistas, policías, y la vieja historia de la violencia de Estado.

Ante la falta de respeto a los derechos ancestrales y a los derechos humanos por parte de la empresa minera sudamericana Yanacocha, en la localidad de La Laguna Azul, Departamento de Cajamarca, Perú, que culminó con la condena de la agricultora Máxima Acuña, de 44 años, a prisión y multa, una campaña está recolectando firmas para demandar que la campesina no sea detenida.