Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

"Las razones del ataque tienen que ver con la posición manifestada por Sarayaku de no permitir que un grupo de personas extrañas a nuestro pueblo ocupen una porción de territorio dentro de la adjudicación legal titulada a nombre de Sarayaku, para construir allí una nueva pista aérea. La intención de esas personas es asentarse allí y formar una seudo comunidad para negociar con la empresa petrolera AGIP su ingreso".

La Alianza Biodiversidad* llama a una acción inmediata de todas las personas y organizaciones comprometidas con la vida para frenar este nuevo atropello contra el Pueblo MISAK de Colombia.

Una caravana de periodistas y activistas de los movimientos sociales indígenas, antiminería, miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APO) y observadores europeos fueron atacados por un grupo paramilitar ligado al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Lo ocurrido en Oaxaca es insoportable. Para reaccionar, empero, necesitamos tener clara conciencia del contexto. No es un hecho excepcional o anómalo, sino una condición que se extiende cada vez más. Refleja una nueva normalidad: la del estado de excepción no declarado en que vivimos.

La Red de Solidaridad con Chiapas -Buenos Aires- convoca a marchar contra la embajada mexicana de nuestro país, Arcos 1650, el próximo lunes 3 de mayo a las 12:30, en repudio a los recientes ataques contra la caravana humanitaria que se dirigía al municipio autónomo de San Juan Copala, en el estado de Oaxaca, México.

"Exigimos la presentación con vida de los desaparecidos. Exigimos castigo a los responsables materiales e intelectuales de este atentado, el desmantelamiento de los grupos de paramilitares y que esta gravísima agresión contra la autonomía indígena y la solidaridad civil no siente precedente y mucho menos quede impune."

Levantan autoridades los cadáveres del finlandés y la mexicana. El grupo atacante restringe los trabajos de la policía en esa zona.

Ante los gravísimos hechos ocurridos en San Juan Copala, denunciamos "al Gobierno del Estado de Oaxaca por su nula intervención para garantizar la seguridad de las personas y defensores de derechos humanos que iban en la caravana de observación de derechos humanos a la Agencia de San Juan Copala. A las instituciones estatales de Procuración de Justicia por su negligencia y aplicación de la justicia ante los hechos violentos que vive la comunidad indígena Triqui."