Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

Urge investigación y alto a la interferencia empresarial a nivel local ante el ataque armado y amenazas en contra de miembros de la resistencia pacífica contra el proyecto minero Escobal en Guatemala.

Organizaciones, comunidades y colectivos abajo firmantes, hemos recibido con indignación la noticia del asesinato del defensor comunitario Fidel Heras Cruz, quien se desempeñaba como Comisariado de Bienes Ejidales del Ejido de Paso de la Reyna. Dicho crimen aconteció el sábado 23 de enero del presente año.

"La economía capitalista se basa en la opresión estructuralmente racista y violenta de los trabajadores, las mujeres, los campesinos y las poblaciones que dependen de los bosques en el Sur global. Sin embargo, la mayoría de los tribunales y discursos dominantes perciben esta opresión (y los opresores) como legítima o no criminal o no delictiva. Un artículo de este boletín expone cómo la violencia y el abuso contra las mujeres es parte integral del modelo de plantaciones industriales y está en la base de cómo las empresas generan sus ganancias. Este abuso permanece en gran parte invisible para los consumidores e inversores, dejando a los perpetradores cometer sus crímenes sin consecuencias y manteniendo intacto el violento modelo de plantación colonial".

Fim de ano triste. Desemprego crescente, quase 200 mil mortos pela covid. Ausência de leitos, vacinas, seringas, agulhas e empregos. Fim do auxílio emergencial para milhões que afundam no mapa da fome. Articulações golpistas que garantem um presidente da Câmara Federal bolsonarista, enquanto o vampiro sai do esquife e o marreco enrica nos USA.

Información fue revelada por la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados, herramienta de libre acceso que recogió y analizó datos sobre el impacto de proyectos en seis países de Latinoamérica.

"Desde la CLOC- Vía Campesina brindamos toda nuestra solidaridad al CNA-Colombia y manifestamos nuestro más profundo rechazo a las acciones de criminalización del movimiento social y popular colombiano, así mismo exigimos a autoridades encargadas de proteger los derechos que estén atentas a estos hechos, e instamos a los organismos de derechos humanos y organizaciones populares a mantenerse atentos y alertas ante la crítica situación de derechos humanos que están afrontando nuestros movimientos campesinos a nivel internacional".

El 24 de noviembre se cumplieron 4 años desde el día en que el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) firmaron un Acuerdo para dar al fin al conflicto armado más antiguo de América Latina. La esperanza que ese evento suscitó en el pueblo colombiano y en el mundo entero se ha desvanecido con el trascurrir de estos años. El escenario del posacuerdo se ha caracterizado no sólo por el descarado incumplimiento del Estado frente a los compromisos asumidos en La Habana sino también, y principalmente, por un amargo recrudecimiento de la violencia a nivel nacional, la cual sufren principalmente las comunidades rurales que habitan en los rincones olvidados del país.

La madrugada del 23 de noviembre, 300 elementos de la Guardia Nacional se presentaron en el plantón zapatista de Apatlaco, ubicado a ambos lados del río Cuautla en el estado de Morelos, para desalojar al campamento que se encontraba resguardando el territorio. Los elementos colocaron vallas metálicas para impedir que las personas defensoras de derechos humanos que se encontraban ahí para proteger su territorio pudieran volver a instalar el campamento. Posteriormente la Guardia Nacional permitió la entrada de maquinaria para reiniciar las obras de construcción que vulnera los derechos al agua, a la libre determinación, a la tierra y al territorio y a la vida de diversas comunidades particularmente, las de los ejidos de Ayala, Morelos.