Defensa de los derechos de los pueblos y comunidades

Madereros, plantaciones industriales y compañías mineras se introducen cada vez más en las selvas de Camboya. Pero los habitantes de Prey Lang quieren salvar su selva y convertirla en un área totalmente protegida y piden nuestro apoyo.

Hace unos días, la Defensoría del Pueblo envió un oficio a la Presidencia del Consejo de Ministros para recordarle un importante detalle sobre el conflicto de Cañaris: que los habitantes de esta región son indígenas y que como tales tienen derecho a ser consultados previamente sobre las actividades mineras en su territorio.

"El territorio sagrado ceremonial de Wirikuta sigue amenazado por varias empresas mineras, nosotros vemos la vida permanente de nuestros antepasados que se renace y camina con nuestro pueblo rehaciendo los acuerdos de vida entre los antepasados mas primeros que nacieron este mundo."

Amigos de la Tierra celebra la noticia al tratarse de una victoria sin precedentes. Es la primera vez que una multinacional es juzgada por los crímenes medioambientales causados por sus actividades en el extranjero.

La violencia policial, las amenazas de sicarios y los intentos de corromper y dividir a las comunidades fracasan nuevamente frente a la firme resistencia y dignidad de los pueblos indígenas del Istmo que defienden su territorio de la invasión por el megaproyecto eólico de Mareña Renovables, impulsado por FEMSA-Coca Cola, Heineken-Cuahutémoc Moctezuma, Mitsubishi, Macquarie, el Banco Interamericano de Desarrollo y PGGM.

En el marco del Día Internacional de los Humedales piden al Consejo de Defensa del Estado que no negocie verdad judicial con empresa Celulosa Arauco.

A través de un manifiesto, las comunidades afroesmeraldeñas, Chachi y de otras nacionalidades, denunciaron y pidieron acciones concretas a las autoridades competentes para abordar el actual envenenamiento de los ríos por la minería del oro y otros desastres ambientales en el norte de Esmeraldas.

El 15 de marzo de 2011, 769 familias campesinas guatemaltecas fueron expulsadas violentamente de las tierras en las que vivían en el Valle del Polochic. Sus viviendas y cultivos fueron quemados y tres campesinos murieron. La campaña CRECE, en alianza con organizaciones guatemaltecas y de otros países, decidió lanzar una acción internacional para exigir al Presidente de Guatemala que cumpla el compromiso que hizo público y devuelva a las familias las tierras que les pertenecen.