Derechos de propiedad intelectual

Las semillas campesinas – uno de los pilares de la producción de alimentos – están sometidas a un ataque por todas partes. La presión de las corporaciones está impulsando, en muchos países, leyes que limitan crecientemente el rango de lo que los agricultores pueden hacer con sus propias semillas.

Hablamos con Melina Zocchi, delegada de ATE en la seccional Catamarca de la Secretaría de Agricultura Familiar e integrante de la coordinación gremial nacional de ATE, sobre los desafíos del sector en la actualidad. Ella se refirió específicamente a lo que significa un proyecto de Ley de Semillas como el que impulsa el Ejecutivo, junto a las corporaciones, antagónico a la posibilidad del fortalecimiento de la soberanía alimentaria.

Como equipo nos propusimos este año caminar un nuevo formato, sumarle profundidad a nuestro trabajo cotidiano, acompañarlo con una mirada distinta de lo que veníamos haciendo. A partir de este mes publicaremos cada 15 días -renovando nuestra portada- un panorama de cuatro a seis artículos que nos permitan aproximarnos con voces, opiniones, entrevistas y textos (con audios y videos) a los temas que forman parte de nuestra agenda. Una agenda del campo popular.

Carlos Vicente es investigador de GRAIN, organización no gubernamental internacional que trabaja apoyando a campesinos y a movimientos sociales en sus luchas por la biodiversidad y la soberanía alimentaria. Lo consultamos sobre los intentos de modificar la Ley de Semillas y los riesgos que implica para la soberanía alimentaria y la salud de la población argentina.

En septiembre de 2014, un muy amplio espectro de organizaciones sociales y populares se movilizó masivamente, exigiendo y obteniendo la derogación de la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales. Cinco meses después, la biodiversidad de Guatemala está nuevamente bajo amenaza.

En esta columna, Carlos M. Correa, asesor especial sobre comercio y propiedad intelectual del Centro del Sur, sostiene que la proliferación de patentes, especialmente de fármacos, es impulsada por las corporaciones y los países industrializados con el falso argumento de que promueven la innovación y contribuyen al bienestar social, político y económico. Por el contrario, la exclusividad que conceden las patentes limita el uso del conocimiento -que es, por su naturaleza, un bien público- y la competencia, y por lo tanto desalienta la innovación y afecta los intereses de los consumidores.

La estrategia de la empresa está focalizada en la difusión de un modelo de negocios basado en una nueva semilla. Su comercialización obliga a los productores a suscribir un contrato de adhesión cuya vigencia se extiende hasta noviembre de 2028.

De acuerdo con Greenpeace, el maíz está en riesgo de perder su excepcional diversidad si los transgénicos son autorizados en México. Grandes empresas como Monsanto vienen cabildeando intensamente al gobierno mexicano para obtener permisos para sembrar maíz transgénico a nivel comercial en diversas partes.