Tierra, territorio y bienes comunes

"Las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas rechazamos las políticas que se contradicen entre sí; por un lado, persecución a los campesinos, indígenas y afrocolombianos que rozan para el desarrollo de su economía de pan coger, y por otro lado permiten la explotación de los recursos minero energéticos por parte de las multinacionales."

En una sentencia de segunda instancia, la Corte Provincial de Sucumbíos falló a favor del pueblo indígena reconociendo su derecho a la consulta previa, al agua a la naturaleza y al medio ambiente. Se ordenó la reparación de los impactos ocasionados por la minería y se pidieron las investigaciones pertinentes a la Fiscalía y a la Contraloría. Para la comunidad "esta victoria es un hito para la defensa de los derechos de todos los pueblos indígenas de Ecuador".

"La pérdida de población de especies se ha agravado en los trópicos: en Centroamérica y Suramérica se ha producido una alarmante disminución del 89%. Prácticamente el 20% de la Amazonía ha desaparecido en los últimos 50 años y la tendencia, con los últimos cambios políticos, es a acelerar la destrucción".

Miembros del Congreso Nacional Indígena (CNI) y organizaciones campesinas expresaron su preocupación por la iniciativa de ley agraria propuesta por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, pues consideran que permite el despojo de los territorios indígenas y busca armonizar las disposiciones legales con las reformas estructurales en materia energética y de hidrocarburos.

Como se había esperado desde el inicio, tras el anuncio en junio pasado por parte del ECUARUNARI y la FOA de Azuay, en el contexto del Encuentro Nacional Antíminero realizado en Cuenca sobre la intención de marchar por la defensa del agua y la vida frente a la minería, la fecha llegó al fin. 

El Presupuesto para el año 2019, que esta semana obtuvo media sanción del Congreso, asigna apenas 595 millones de pesos para la protección de bosques nativos, lo que representa apenas el 4,75% de lo estipulado por la Ley de Bosques. Según números oficiales, el año pasado desaparecieron 172.639 hectáreas.

Como un teléfono celular roto que solo puede enviar mensajes de texto o tomar fotos, pero no hacer una sola llamada, más del 75 por ciento de las áreas terrestres de la Tierra han perdido parte o la mayoría de sus funciones, lo que socava el bienestar de los 3.200 millones de personas que dependen de ellas para producir cultivos alimentarios, proporcionar agua limpia, controlar inundaciones y más.

Comunidades zapotecas, defensores de derechos humanos y activistas exigieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se apegue “estrictamente a los estándares sobre consulta indígena y cancelar los permisos otorgados a la empresa Eólica del Sur”, filial de la transnacional Mitsubishi que construye un parque con polígonos en Juchitán y El Espinal con 132 aerogeneradores.