Tierra, territorio y bienes comunes

En noviembre vence la ley de Emergencia Territorial Indígena, que frena los desalojos judiciales contra pueblos originarios. Organismos de derechos humanos exigen al Congreso que vote la prórroga para evitar que más de 1500 comunidades pierdan las tierras en las que viven desde tiempos ancestrales.

Desde la CLOC-Vía Campesina Paraguay repudiamos la violencia ejercida el día viernes 8 de septiembre en una manifestación de la comunidad de San Juan de Puente Kyha –distrito de Caballero Álvarez, Canindeyú– que reclama en el marco de la lucha por la tierra unas 5 mil hectáreas para desarrollarse como asentamiento humano con producción campesina.

En el siglo XXI, Chile mantiene un conflicto con el pueblo mapuche, 83 por ciento del millón ochocientos cuarenta mil pobladores originarios del país. Los españoles tuvieron que pactar con ellos un siglo después de iniciada la conquista, porque no hubo manera de vencerlos. Los chilenos, en cambio, destrozaron a los mapuche a su regreso triunfal de la guerra del Pacífico y los echaron de sus tierras; los mapuche fueron asesinados, robados y humillados.

"Nuestros gobernantes tienen que hacer el ejercicio para no tener conflictos medioambientales y socioambientales en todo el país. Hemos llegado a los límites y no se han creado leyes que protejan lo sagrado. Es tan duro darse cuenta de que los intereses no van por este camino, por un asunto de sobrevivencia y continuidad de la especie también. Y de nuestro pueblo mapuche, por supuesto."

"Fuentes locales responsabilizan a la Dirección Regional de Agricultura y al Gobierno Regional de Ucayali por la demora en la demarcación territorial solicitada por las comunidades indígenas afectadas por el monocultivo, que como se sabe sacrifica enormes extensiones y cuantiosos recursos genéticos presentes en los bosques primarios".

No último dia 31 de agosto, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ajuizou no Supremo Tribunal Federal (STF) uma ação em que pede a inconstitucionalidade da Lei 13.465, sancionada em julho passado. A lei que ficou conhecida como “MP da grilagem”, trata da regularização fundiária no campo, nas cidades e da ocupação de terras da União na Amazônia Legal.

La Corte Suprema, por mayoría, compuesta por los Dres. Lorenzetti, Highton de Nolasco, Maqueda y Rosatti, declaró la nulidad de dos resoluciones de la provincia de Jujuy por las cuales se había autorizado el desmonte de 1470 hectáreas de bosques nativos, en la finca La Gran Largada ubicada en la localidad de Palma Sola, departamento Santa Bárbara, de la provincia mencionada.

Convocamos a organizaciones, instituciones y diferentes colectivos a presentar su adhesión al indispensable tratamiento de la prórroga de la Ley 26.160 de este jueves en senadores, para evitar los desalojos territoriales de los pueblos indígenas de nuestro país.