Tierra, territorio y bienes comunes

El viento corta la cara pero la alegría subversiva que recorre Mar del Plata, Argentina, lo transforma en hilo que entreteje palabras y risas. Por toda la ciudad, se reúne el 30º Encuentro Nacional de Mujeres, auto-convocadas, auto-organizadas, auto-gestionadas. Violetas, pero no de frío sino como manifestación más de identidad entre muchos colores, canciones, sabores, edades. Más de 60 mil mujeres de todo el país llegaron del 10 al 12 de octubre a lo que por unos días se transformó en territorio liberado, autónomo, rebelde. Cuestionar al patriarcado y sus manifestaciones atraviesa tantas formas de opresión, que estando allí se siente que la “normalidad” cambia radicalmente.

La cuestión ambiental emerge como un asunto fundamental en los nuevos escenarios de negociación del conflicto armado y será también vital en un posible posacuerdo.

El Supremo Tribunal Federal (STF), acaba de reconocer el derecho de los indígenas Guaraní y Kaiowá, impidiendo que sean expulsados del Tekoha Ñanderu Marangatu en el municipio de Antonio João.

Acción urgente: No al juicio contra Relmu Ñamku y otros líderes mapuches que luchan por defender su territorio.

Amparado en un falso discurso progresista, de izquierda y de redistribución, el gobierno de Rafael Correa ha desmantelado la Constitución de la República del Ecuador –la primera en el mundo que hasta hace poco velaba por los derechos de la naturaleza– al servicio de lo privado, es decir, de unos cuantos intereses nacionales y extranjeros.

"Nos oponemos a las políticas públicas privatizadoras que entregan los territorios para proyectos minero energéticos, despojándonos del uso y disfrute de los territorios y acabando las fuentes hídricas, situación que deriva en una amenaza para la vida humana y la preservación de los ecosistemas que soportan la biodiversidad del país."

¿Es posible "Paz Territorial" en zonas con proyectos de Interés Nacional y Estratégicos (PINES)? En este número de la revista Semillas, buscamos develar el telón de fondo que tiene la política de tierras y desarrollo rural del actual gobierno, la cual bajo el velo y el discurso de política de “paz territorial”, se pretende revivir las fallidas locomotoras que reiterativamente han llevado al campo colombiano a su más profunda crisis.

En los adelantos de los resultados del censo agrario (cuyas cifras específicas se conocerán a final de año) se confirmaron las denuncias hechas por los movimientos sociales y populares en el país, sin embargo, como es costumbre, se ocultan las razones y dimensiones mayores que producen estos problemas. La propuesta agraria estatal y gubernamental ha actuado en beneficio de la concentración de la tierra ya sea para latifundistas colombianos, empresas mineras, petroleras, procesos de extranjerización-agronegocio o pagos por servicios ambientales, sumiendo a comunidades campesinas indígenas y afro en abandono y pobreza.