Darío Aranda

Informes oficiales y de investigadores explicitan el saqueo del monte nativo. En Argentina se arrasan 36 canchas de fútbol por hora. El impacto ambiental y social del desmonte.

Mapuches presos, campesinos secuestrados y asesinatos de integrantes del Pueblo Qom, todos hechos relacionados a conflictos territoriales y al modelo extractivo.

La petrolera Chevron fue condenada por contaminación en Ecuador y debe pagar 19.000 millones de dólares a campesinos e indígenas. Pero se niega a cumplir y, por resolución judicial, fueron embargados sus activos en Argentina. Asociada con YPF para explotar yacimientos en Neuquén, presiona para que la Justicia argentina levante el embargo. Ya tiene el apoyo del Gobierno Nacional y Neuquino.

Trece organizaciones sociales de cuatro provincias denunciaron que el impacto socioambiental es el aspecto más silenciado de la minera brasileña Vale y del proyecto Potasio Río Colorado (instalado en Mendoza).

La población de Esquel ratificó de manera masiva, una vez más, el rechazo a la megaminería. Seis mil personas marcharon por las calles para celebrar el décimo aniversario del plebiscito (81 por ciento había votado por el “no a la mina” en 2003) y al mismo tiempo cuestionar la megaminería.

La Justicia de Córdoba ordenó frenar la construcción de una planta de Monsanto en la provincia. Entre los fundamentos, remarca la necesidad de respetar el principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable, es necesario tomar medidas protectoras). Pese a la restricción, la multinacional de agronegocios continúa con la obra porque, alega, “no fue notificada” de la prohibición.

Una petrolera estadounidense en territorio mapuche, denuncias de contaminación y la judicialización de comunidades indígenas. Es la situación en Portezuelo Chico (Neuquén), donde la compañía Apache Corporation explota nueve pozos en territorio de la comunidad Winkul Newen y se produjo derrame de petróleo.

La llegada de Monsanto a Córdoba fue anunciada en junio pasado por la Presidenta y respaldada por el gobernador, José Manuel de la Sota, y el intendente radical, Daniel Arzani.