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La deforestación por minería aurífera en la Amazonía sur peruana alcanzó niveles históricos máximos tanto en el 2017 como en el 2018.

De los 67 casos de biopiratería, que guardan vínculo con los saberes ancestrales de los pueblos indígenas del país y sus recursos genéticos, 45 de ellos se resolvieron a favor del Estado peruano. Otros 18 casos restantes todavía se encuentran en proceso de solución. 

Alrededor de 700 indígenas y afrocolombianos agrupados en 263 familias fueron víctimas del desplazamiento forzado como consecuencia de los enfrentamientos ocurridos el 16 de enero entre grupos armados no identificados.

El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTAW) reiteró su pedido a las autoridades para limpiar el derrame de petróleo ocurrido en la comunidad nativa Mayuriaga el 27 de noviembre.

Luego de la cuarta reunión del  Grupo de Trabajo Multisectorial (GTM) de la Hidrovía Amazónica, organizaciones regionales indígenas exigen la paralización inmediata del proceso de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) mientras no se asegure la consulta previa, libre e informada.

La población del municipio de San Lorenzo, departamento colombiano de Nariño se manifestó en contra de la exploración y explotación minera de metales e hidrocarburos en la reciente una Consulta Popular Legítima realizada el 25 de noviembre.

Indígenas de la comunidad Awá se han visto afectados directamente por la exploración y explotación de petróleo por parte de la petrolera Colombia Energy, de no lograrse un acuerdo con la empresa, la Corte podrá frenar su operación extractiva, así lo determinó el alto tribunal.

En respuesta al pedido de las organizaciones indígenas el Estado peruano anunció la consulta previa del Reglamento de la Ley Marco de Cambio Climático.