Brasil: Ante la devastación, sólo la lucha, la memoria, la resistencia viva
"Esa base colectiva de resistencia tiene certeza de que el aparato de devastación puesto en marcha por el actual gobierno, aun cuando va a causar daños y afectaciones de larga duración e incluso irreversibles; no podrá arrasarlo todo, no podrá con la memoria, ni con los saberes, ni con los cuidados, ni con el espíritu de protección de lo ganado a pulso con lucha y en el largo plazo".
De esa historia sin fin de resistencia que compartimos como continente, hace parte Brasil, ese mega país, mega diverso en pueblos, lenguas, climas, ecosistemas, saberes, territorios; custodio junto con sus vecinos sudamericanos, de la invaluable cuenca amazónica y su reserva de vida para el planeta. Lo que ocurre en Brasil, sin duda impacta con un peso específico en la subregión.
Es conocido el grado de concentración de tierras que distingue tristemente a este país, donde algo más de 34% de propiedades menores a 10 hectáreas ocupan apenas el 1.46% de la tierra; mientras que apenas el 1.48% de propiedades con más de mil hectáreas controlan casi 53% del territorio brasileño. Esto sólo es producto de una larga historia de exclusión y consolidación patrimonialista, colonial y patriarcal, de las élites fundadoras de la República, cuya descendencia aún hoy continúa apropiándose ilícitamente de tierras (grilagem), gracias a su enquistada presencia en el aparato institucional.
Así también es de largo aliento la batalla por el acceso a la tierra que mantienen campesinos, quilombolas e indígenas. Cada metro conquistado es fruto de décadas de lucha, ocupación (en unos casos), demarcación (en otros) y mucha resistencia por parte de una diversidad de organizaciones. Todo en medio de la presión y asecho de terratenientes y empresas transnacionales —agrícolas, mineras, constructoras— cuyos capitales mueven los hilos de la justicia y la política.
Durante el último cuarto de siglo, el agronegocio se consolidó como la principal política de Estado, lo que trajo implícita una sostenida desindustrialización y sobre todo, la marginación y afectación de campesinos, quilombolas e indígenas. Este telón de fondo no cambió ni siquiera durante los gobiernos del PT, a pesar de que, sin duda, se desarrollaron programas y políticas tendientes a mitigar los impactos de esa política mayor. Con sus luces y sus sombras, programas como: Hambre Cero, Programa de Adquisición de Alimentos (PAA), Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE), Programa de Reforma Agraria, entre otros articulados al Ministerio de Desarrollo Agrario, contribuyeron sin duda a mover un poquito la balanza de la desigualdad.
A partir del 2015, Brasil asistió a la instauración de un Estado de excepción que facilitó la aplicación de una serie de arbitrariedades mediante las que se volvió a legalizar el saqueo y se desmontó esa pequeña institucionalidad redistributiva del Estado para con las poblaciones del campo y la floresta, con una acelerada producción de leyes, decretos y medidas provisorias. Regresiones legislativas que se han profundizado en los primeros cien días de gobierno de Jair Bolsonaro y una retardataria bancada ruralista.
Las oligarquías tradicionales, cuyo poder reside tradicionalmente en el latifundio, en el monopolio de condiciones vitales de existencia y bienes comunes (tierra, agua, bosques), se encargaron nuevamente de vulnerar el fondo territorial de la sociedad; es decir, retomar su práctica de apropiación ilícita de tierras, atacando regulaciones ambientales, agrarias y de derechos.
Aunque poco se conoce, en este mismo periodo se han incrementado las ocupaciones de tierra en el campo, tanto de organizaciones históricas como el MST como de nuevos grupos que se organizan. Saben por demás que el proceso del acceso a la tierra es de largo aliento. A la movilización de los campesinos sin tierra, las quilombolas demandantes de territorio y los pueblos indígenas, en los últimos años, se han sumado aquellas poblaciones que defienden sus territorios de la construcción de las hidroeléctricas e infraestructura de transporte.
Gracias a esa lucha, hoy por hoy, existe más de un millón de familias asentadas en tierras reconquistadas que ocupan algo más de 10% del territorio nacional según el informe 2017 de acceso a la tierra del Instituto Para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS).* Y al menos hasta 2015, según datos del entonces Ministerio de Desarrollo Agrario, 70% del alimento que consumían los brasileños venía de la agricultura “familiar”.
Frente al desmantelamiento institucional (sea por recorte presupuestario o por cierre de facto) y la producción de leyes lesivas como la de semillas, o la reforma constitucional que entrega la demarcación de tierras indígenas a un legislativo dominado por ruralistas, se fortalecen los encuentros entre organizaciones, se afirman alianzas, se profundizan ocupaciones, se cierran filas.
Desde 2017 se vienen multiplicando los campamentos, las ocupaciones de tierras, los cierres de vías, las caminatas, marchas y jornadas de lucha, las ferias, fiestas, encuentros, vigilias, romerías en todo el país. Entre algunas de ellas, el informe del IPDRS destaca: el Octavo Encuentro Nacional del Movimiento de Afectados por las Represas que reunió en Río de Janeiro a cerca de 3 mil 500 afectados y afectadas; la Segunda Feria Nacional de Reforma Agraria del MST, realizada en Sao Paulo; el Campamento Tierra Libre que reunió en Brasilia a más de 4 mil indígenas de cerca de 200 pueblos (acaso el mayor campamento indígena ya realizado en el país). La Acción Directa de Inconstitucionalidad desarrollada por la articulación de quilombolas en la lucha jurídica en defensa de sus territorios de vida. La Caravana internacional reunida en el Cerrado Piauense que juntó representantes de movimientos sociales con ecologistas, investigadores y autoridades locales, para analizar y documentar los impactos socio-ambientales ocasionados por la apropiación en gran escala en la región, del llamado Matopiba (los estados de Maranhão, Tocantins, Piauaí y Bahía) el más reciente frente de invasión del agro negocio, caracterizada por la “grilagem verde”; es decir, la apropiación ilícita por parte de latifundistas invadiendo áreas tradicionalmente conservadas por pueblos quilombolas o indígenas, aparentando cumplimiento de la legislación ambiental.
Podemos señalar también la paralización de un tramo del ferrocarril, protagonizada por la Articulación Campesina de Lucha por la Tierra y Defensa de los Territorios, en el municipio de Palmeirante-Estado de Tocantins, para demandar el cumplimiento de compromisos de entrega de tierras.
El Movimiento Nacional Indígena, también realizó acciones de bloqueo de varias audiencias de consulta previa, verdadera burla contra los derechos indígenas. Es muy importante también la campaña “¡Demarcación Ya!”, que logró la adhesión de artistas y celebridades, de modo que su mensaje llegará más allá de las murallas de cemento urbanas. Y está también la campaña “Ningún quilombo menos”.
Es importante señalar que las convergencias entre esta diversidad de organizaciones, se viene fortaleciendo y construyendo esfuerzos comunes. Uno de ellos, en cierta forma novedoso, pero claramente afirmativo de la autonomía de los pueblos frente a la ilegalidad de las normas, es la proliferación de protocolos, normas construidas comunitariamente sobre todo lo que tiene que ver con sus territorios, que rigen para sí mismos, pero también para el Estado y las corporaciones, de este modo, quien no las acate no tendrá derecho ni acceso.
El retroceso legal institucional vino acompañado de un incremento de la violencia del Estado sobre la sociedad. Una declaración de guerra contra las organizaciones del campo y de los pueblos que, viendo nuevamente sus territorios pisoteados e invadidos, más que lamentarse apelan nuevamente a la resistencia, a la profundización de sus formas de lucha y subsistencia. Esas tierras no son “de nadie” como claman los ruralistas, esas tierras son de quien las trabaja, las cuida y las cría.
Esa base colectiva de resistencia tiene certeza de que el aparato de devastación puesto en marcha por el actual gobierno, aun cuando va a causar daños y afectaciones de larga duración e incluso irreversibles; no podrá arrasarlo todo, no podrá con la memoria, ni con los saberes, ni con los cuidados, ni con el espíritu de protección de lo ganado a pulso con lucha y en el largo plazo.
* Ruth Bautista, Oscar Bazoberry Chal, Lorenzo Soliz Tito, “Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica”, Informe 2017, Instituto para el Desarrollo de Sudamérica (IPDRS), la paz, Bolivia, 2017
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