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La Intendencia de Canelones aplicará una multa millonaria a un productor rural de la localidad de Paso Picón por fumigar desde el aire sus plantaciones con agroquímicos en un área de exclusión y haciendo caso omiso a varias advertencias de las autoridades.

El expediente del caso de la activista indígena Berta Cáceres, asesinada en marzo pasado, fue robado por un grupo de presuntos ladrones a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Honduras.

"Nuestra visión de futuro es aportar a cambios y transformaciones y continuar el trabajo junto a los sectores excluidos y comprometidos por el país multiétnico, pluricultural y multilingüe e incluyente para las mujeres y pueblos indígenas".

La comunidad mapuche Campo Maripe retiene maquinaria de la empresa de servicios OPS hasta que el gobierno de Neuquén se acerque a sus territorios y garantice las respuestas por el relevamiento territorial.

"La orden habría provenido del Juzgado de Minga Porâ y fue realizada a solicitud de Hermann Hut, quien reivindica la propiedad de una gran extensión de tierras en la zona".

“No existe minería limpia, el término de Minería Ecológica es absurdo, eso no existe” es porque es muy difícil mitigar los impactos de la minería, explicó que los volúmenes de agua que maneja la minería son tan altos que jamás se van a construir sistemas de tratamiento que sean lo suficientemente eficaces como para poder limpiar el desastre de aguas sumamente contaminadas por mercurio, cianuro.

El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero hizo un “enérgico llamado a las autoridades mexicanas para que, con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se brinde la más alta protección a la integridad, la vida y el territorio de los ejidatarios y campesinos integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra”.

"Los sitios sagrados y nuestras tradiciones han sido alteradas", sostienen los pobladores de Juchitán, así como también refieren a la criminalización y persecusión en su contra. Han sido perseguidos por las empresas y el gobierno demandados por extorsión, ataques a las vías de comunicación, daños a la propiedad ajena.