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En la región centro de México, el Colectivo de Saneamiento y Restauración de la Malintzi Tlalcuapan ha dividido sus fuerzas entre resguardar el bosque de su “montaña madre” y conseguir la libertad de sus integrantes acusados de homicidio. Su historia refleja cómo la violencia de la criminalización se extiende como una plaga sobre los defensores del ambiente y el territorio. Saúl Rosales, integrante del colectivo, fue condenado a 20 años por un homicidio que no cometió. Los habitantes de San Pedro Tlalcuapan han realizado diversas acciones para exigir su liberación. En México, si en 2019 sólo se documentaron nueve casos de criminalización contra personas defensoras del ambiente y el territorio, para 2024 la cifra se elevó a 77, de acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

En su último mensaje a la nación, el 28 de julio, la presidenta del gobierno de facto del Perú, Dina Boluarte, anunció que Petroperú y Petroecuador firmaron un acta de cooperación internacional. 

Un grupo de 59 personas receptoras de diversos premios nacionales firmaron una carta repudiando el “genocidio” que desde el 7 de octubre de 2023 perpetra Israel contra la población palestina y llamaron a rechazar la firma de un Tratado de Libre Comercio con ese país.

Especialista alerta que LAI pode acelerar projetos estratégicos sem garantir a proteção ambiental adequada.

La continuidad de la invasión fue adoptada días antes por el Gabinete de Seguridad del Ejecutivo, pese a la oposición de figuras de peso como el jefe del Estado Mayor.

La crisis alimentaria en Sudán se agrava día a día, pero afecta al doble de mujeres y niñas que de hombres en las mismas zonas. Nuevos datos de ONU Mujeres revelan que los hogares encabezados por mujeres (FHH, en inglés) son tres veces más propensos a sufrir inseguridad alimentaria que los encabezados por hombres.

Edição ocorreu no Centro Politécnico, o maior campus da UFPR, em Curitiba.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por la reforma constitucional aprobada por el oficialismo donde habilita la reelección presidencial indefinida y extiende el periodo presidencial, la cual “representa un serio retroceso para la democracia y el Estado de derecho” en El Salvador, por lo que insta a reconsiderar.