Costa Rica

El problema con los extractivismos en América Latina es dramático pues son fenómenos sociales que contribuyen a la destrucción de la biodiversidad de forma acelerada cuando estamos en una crisis climática. En Costa Rica, muchos de los conflictos ambientales los ha gestionado de una u otra manera la Administración Pública. 

La crisis sanitaria y económica ha hecho evidente que vivimos también una crisis de los cuidados. La atención médica hospitalaria y en las casas, la creación de redes de apoyo mutuo para salvaguardar la salud, el desafío en el que se ha convertido para muchas personas tener techo, comida y agua limpia; son solo algunos ejemplos de lo central que son los cuidados en este momento. Pero además, es evidente que muchos de estos son brindados principalmente por mujeres y, el medio rural no es la excepción.

El protocolo de Nagoya (PN) dice buscar el acceso justo y equitativo a los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos. Hacia el final de 2010, el PN fue adoptado para implementar parte del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) de las Naciones Unidas. Sin embargo, una gran mayoría de comunidades indígenas y campesinas desconocen su contenido y alcance, mientras organizaciones ecologistas y agrícolas se oponen a sus planteamientos.

Somos un espacio de articulación de organizaciones ecologistas, campesinas e indígenas, y de personas que participan a nivel individual para lograr objetivos comunes. Éstos se centran en concertar esfuerzos para preservar la vida, la diversidad biológica, la existencia y los saberes de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas que se han desarrollado en estrecho contacto con la naturaleza.

Debería aplicarse el principio precautorio y prohibir dichos plaguicidas, partiendo de que en Europa se prohíben -teniendo una sola especie de abeja europea (Apis mellifera)- y que en el país tenemos más de 650.

Hoy la semilla campesina e indígenas puede ser intercambiada o vendida libremente, pero un proyecto de ley intenta cambiar esa práctica milenaria con la excusa de la calidad y el control. Según la OCDE casi el 90% de las semillas que utilizamos en Costa Rica no están sujetas a mecanismos de certificación, por ser en su gran mayoría semillas locales, nativas y criollas.

Organizaciones indígenas como la Red de Mujeres Rurales y la Red de Biodiversidad se oponen al expediente Nº 21.087. Ley para la promoción y desarrollo de la producción y comercio de semillas, alegando por medio de una carta enviada a la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios, que la iniciativa no parte de una visión amplia, “debido a que, quien controla las semillas controla el poder y esto atentaría contra la democracia.  La diversidad de las semillas es clave para prevenir el hambre, si las semillas no se comercian se pierden”.

La venta de la Fábrica Nacional de Licores sería un gran negocio para quien compre la única institución/empresa autorizada para producir el alcohol que podría ser usado como combustible. Ya que la FANAL es estrictamente quien ostenta el monopolio de vender etanol, así lo ha señalado la Procuraduría General de la República (1). Sumado a esto, la venta de FANAL sería un empujón irresponsable para la producción de agrocombustibles a nivel nacional.