Ecuador

El 28 de septiembre 2022, el Distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito aprobó una Ordenanza Municipal en la que se prohíbe los agrotóxicos que afecten a los polinizadores, la flora nativa y la salud humana (Ordenanza Metropolitana No. 041-2022). Esta prohibición fue introducida en una Ordenanza Metropolitana sobre la protección, fomento y preservación del arbolado urbano y biodiversidad asociada en el marco de la red verde urbana.

Hace pocos días, el gobierno presentó a la Corte Constitucional las ocho preguntas de su consulta popular, para que se determine la constitucionalidad, o no, de cada una de ellas. Si bien las preguntas 7 y 8 aparentan ser un avance en la protección y cuidado de la naturaleza, en realidad no lo son. Más bien constituyen amenazas graves porque le hacen el juego a los responsables de la devastación local y global. Hoy alertamos sobre los peligros de la pregunta 7.

El presidente de la República envió a la Corte Constitucional la lista de preguntas que quiere consultar a la población en febrero de 2023, cuando se realicen las elecciones de nuevos gobiernos locales. Entre las preguntas enviadas, la número 8 propone la enmienda del artículo 74 de la Constitución del Ecuador, referido a los servicios ambientales, y que forma parte del Capítulo Sexto de los Derechos de la Naturaleza.

En Ecuador, el 55 por ciento de las unidades productivas agropecuarias está en manos de la agricultura familiar campesina e Indígena, que desde allí produce el 70 por ciento de los productos destinados a la alimentación de la población nacional, según datos de un informe de la Unión de Afectados/as por las Operaciones Petroleras de Texaco en Ecuador (UDAPT – Amigos de la Tierra Ecuador).  Entrevista a Ramiro Ortiz, de UDAPT – Amigos de la Tierra Ecuador.

Las compañías que controlan las cadenas avícolas y porcícolas en conjunto con quienes importan pesticidas son quienes ganan; mientras, las familias campesinas deben integrarse con la modernización capitalista, sacrifican la biodiversidad y fertilidad de sus tierras, sus semillas tradicionales o campesinas y la autonomía y el recurso financiero. Esto precipita una forma insidiosa de enajenar la vida campesina, privando a quienes producen maíz de sus conocimientos, sabiduría y prácticas agrícolas tradicionales.

Los pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario en la Amazonía dependen completamente de la selva para vivir. El Yasuní, en Ecuador, alberga a los pueblos indígenas no contactados Tagaeri y Taromenane que están bajo amenaza permanente debido a la extracción petrolera y de madera.

La agricultura familiar (AFC) cumple un rol sustancial en el aprovisionamiento de alimentos para las familias ecuatorianas, y logra cubrir esta necesidad nacional en medio de condiciones sumamente desfavorables. Tal como lo establece Francois Houtard, cuando analizamos las condiciones a las que la agricultura familiar se enfrenta: “Podemos concluir que la AFC no es muy productiva, pero la razón fundamental no es por el hecho de que sea una agricultura de pequeña dimensión y/o familiar o indígena. Sino que las condiciones generales económicas, sociales y políticas, impiden a la AFC ser productiva: no tiene acceso a las mejores tierras, tiene dificultades de acceso al agua, no tiene posibilidad o muy poco de crédito, tiene dificultades de comercialización”.

El Observatorio del Cambio Rural (OCARU) busca aportar al debate compartiendo información sobre la importancia de una política de “precios justos” para la agricultura familiar campesina. A continuación, publicamos la entrevista realizada al economista Rubén Flores, Catedrático Universitario y ex ministro de Agricultura y Ganadería 2017/2018.