Ecuador

La digitalización en algunos campos de la agricultura forma parte de una estrategia que, presentándose como una solución al cambio climático, realmente es una forma de renovación del capitalismo agrario. Nombres como economía circular, inteligencia artificial, digitalización, agricultura 4.0; son partes de una nueva estrategia mediante la que los sectores tradicionales agroexportadores pretenden mantener sus mercados en el exterior, en la era de la “descarbonización de la economía”.

La Corte Constitucional de Ecuador, después de 4 años, declaró inconstitucional varios artículos del Decreto 751 emitido por Lenin Moreno, que permitieron la explotación petrolera dentro de la franja de amortiguamiento de la zona intangible en el Yasuní, una de las zonas más biodiversas del planeta y territorio donde habitan los pueblos indígenas no contactados Tagaeri y Taromenani. Si el Estado ecuatoriano quiere realizar carreteras, centrales hidroeléctricas, centro de facilidades petroleras o explotar el territorio en esta zona ya no podrá hacerlo.

Un grupo de organizaciones ecologistas y ambientalistas presentaron una Acción Pública de Inconstitucionalidad de varias normas del Código Orgánico del Ambiente y su reglamento, que tienen relación con los manglares, monocultivos, los derechos de la naturaleza y sobre la regulación del derecho a la consulta previa y a la consulta ambiental. La Corte Constitucional, aceptó parcialmente la demanda y el 8 de septiembre de 2021 declaró que los manglares tienen derechos. La Decisión de la Corte fue de suma importancia al reconocer que los ecosistemas del manglar son titulares de los derechos reconocidos a la naturaleza y tienen derecho a “que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”.

En Ecuador, el oleoducto de crudo pesado OCP, construido con financiación alemana, se ha vuelto a romper. Según el ministro de energía, 6.000 barriles de crudo se han derramado en la selva. Los pueblos indígenas se quejan de la contaminación generalizada de los ríos de la región amazónica. Salva la Selva pide al gobierno de Alemania que no apoye los proyectos petroleros.

La catástrofe ocurrida este 31 de enero en La Gasca y La Comuna, en Quito, se suma a otros desastres provocados en el país; uno de los más recientes, la erosión regresiva del río Coca y las constantes roturas de oleoductos que han provocado derrames petroleros con impactos de magnitud en el propio río y en muchas comunidades afectadas por la contaminación.

Dos nuevas plataformas petroleras han sido construidas en el corazón del Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana, reportó el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP). Una de las plataformas se encuentra a 300 metros del área de amortiguamiento de la Zona Intangible del parque, creado para proteger el territorio de los parientes Waorani que viven en aislamiento. Este parque, además, es uno de los lugares con mayor biodiversidad del mundo por su ubicación única en la intersección de la Amazonía, la Cordillera de los Andes y la línea ecuatorial.

"El presente artículo recorre la historia de mujeres protagonistas en la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, contra el poder represivo del Estado ecuatoriano y el poder de las empresas, en contextos de proyectos de desarrollo petrolero y minero. Recuperamos momentos históricos en los que organizaciones lideradas por mujeres se pusieron al frente de las resistencias, colocando en el debate público y académico las consecuencias del extractivismo".

"Los bonos son instrumentos de deuda emitidos por gobiernos, bancos de desarrollo y otras entidades, para recaudar capital entre inversionistas. Los bonos azules se relacionan especialmente con inversiones en proyectos en zonas marino-costeros y ecosistemas oceánicos. Azulando los negocios, los bonos azules pueden incluir inversiones que van desde la construcción de puertos, el masivo transporte marítimo de mercancías, el establecimiento de grandes cadenas turísticas, explotación minera y petrolera en los fondos marinos, expansión de energía eólica offshore o, el control de ecosistemas marino-costeros y, en menor medida, pero no menos grave, la compraventa de servicios ambientales amparados en el discurso de la conservación y el desarrollo sostenible".