Honduras

Bertha Zúniga Cáceres, hija de la lideresa hondureña asesinada Berta Cáceres, reemplazó a su madre en la coordinación del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras con el mismo coraje con que asumió la denuncia de ese femicidio político y con la misma entereza con que hoy les pone el cuerpo a las amenazas y atentados recientes contra su vida.

"La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolvió por unanimidad de votos: Declarar a lugar de manera parcial las garantía de inconstitucional por razón de fondo interpuesta por vía de acción únicamente de los artículos 22,27,56,67,68 ,76 y 77 o sea todos los impugnados a excepción del artículo 53 que se refiere a los derechos de los titulares de las concesiones Mineras".

"Con la aprobación de la Ley de Fomento al Turismo, el Estado violó no solamente el Convenio 169 de la OIT, en relación a no haber efectuado consulta previa alguna; además de transgredir el Convenio de Diversidad Biológica, al colocar las áreas protegidas como lugares disponibles a la inversión turística."

"En Honduras, donde han pasado 16 meses desde el asesinato de Berta Cáceres, uno de los crímenes más fuertes que ha vivido la región en los últimos años, nada sustancialmente ha cambiado de lo que antes de su asesinato se estaba viviendo. Continúa el clima de impunidad. Las personas que asesinan no son castigadas, menos las que amenazan y las que incumplen sus funciones y su deber de proteger a las personas que estamos en resistencia."

Como una posible solución a la profunda crisis económica que vive el país, la actual administración optó por entregarle a consultora Mckensey la elaboración del programa Honduras2020 además de un anteproyecto de Ley de Fomento al Turismo (LFT), iniciativas que aparentemente cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para la supuesta creación de más de medio millón de empleos.

El tiempo que disminuye la oferta mundial de petróleo, se intensifica la explotación de otras formas de energía. Honduras sufre el desembarco de multinacionales que buscan extraer recursos de sus territorios. Las comunidades están en lucha pero son criminalizadas, porque las comunidades negras e indígenas ni siquiera tienen acceso a la Justicia.

Como una posible solución a la profunda crisis económica que vive el país, la actual administración optó por entregarle a consultora Mckensey la elaboración del programa Honduras 2020 además de un anteproyecto de Ley de Fomento al Turismo (LFT).

El estudio aquí presentado describe los avances, limitaciones y barreras de que disponen los campesinos y campesinas en Honduras en el ejercicio de sus derechos en general, pero en especial el acceso a justicia. Esto inscrito en el contexto centroamericano.