Honduras

Después de 18 años de haber sido ratificado el convenio 169 por el Estado de Honduras, se han incrementado las violaciones de nuestros derechos colectivos, lo que pone en riesgo nuestra sobrevivencia como culturas diferenciadas en el país.

Hemos vivido estos 521 años con rebeldía, con memoria y resistencias, capaces de sostener la fuerza para enfrentar el mayor genocidio, el saqueo más descarado, depredador y criminal, el mayor desplazamiento, represión, racismo, ultrajes abominables a las mujeres y a pueblo enteros. Hemos sabido impedir nuestra desaparición como pueblos indígenas y luchar por la vida, inspiradas e inspirados en el ejemplo que nos deja Lempira, el Señor de la Sierra.

"El COPINH llama a sostener la solidaridad con Berta Cáceres, Tomás Membreño, y en este caso, a evitar que se dicte prisión a Aureliano Molina. Decimos que continuaremos en movilización y lucha, con dignidad."

"Expresamos nuestro más enérgico repudio a la persecución y la criminalización que están siendo instrumentadas en contra del Pueblo lenca, miembros de la comunidad de Río Blanco y los y las integrantes del COPINH. La misma tiene como único fin el poder consumar el despojo de sus derechos y territorios, del río que les nutre de cuerpo y de alma, de su vida misma como pueblo y comunidad."

La orden de prisión preventiva dictada contra Berta Cáceres es un indicador más del colapso del Estado de Derecho en Honduras, el cual desde hace décadas padece de enormes deficiencias, pero que a raíz del golpe de estado del 2009, ha sido reducido a cenizas por el grupo de empresarios militares y políticos instigadores del asalto al poder legislativo y judicial.

"La comunidad está decidida a no retroceder. Saben que como consecuencia de esta decisión, están sufriendo la persecución judicial hacia su compañera Berta Cáceres, Coordinadora General del COPINH, y hacia los comunicadores indígenas Tomás Membreño y Aureliano Molina. A ellos y a ella les están sumando causas judiciales en diferentes juzgados, en lo que resulta una operación típica de criminalización de los luchadores y luchadoras sociales."

"Tres dirigentes populares fueron acusados por las empresas DESA y Sinohydro, de capital hondureño y chino respectivamente, de inducir a pobladores de la zona de Río Blanco, a provocar daños materiales a sus instalaciones por más de 3 millones de dólares. Esta acusación fue tajantemente rechazada por los acusados y por los mismos pobladores."

En horas de la mañana del día de hoy, el juzgado de letras de Intibuca dispuso ordenar el encarcelamiento de Berta Cáceres, bajo una serie de falsas acusaciones, demostrando que la actual administración se encuentra al servicio de los empresarios involucrados en la destrucción de los ríos en Honduras.