México

Seguir siendo lo que son es la demanda profunda de quienes habitan el territorio mexicano desde antes de que lo fuera. Son 68 los pueblos, naciones, tribus y barrios indígenas que mantienen tierras, recursos naturales, culturas, lenguas y organización ancestral en todo México. Sobre sus territorios se pretende la construcción de diversos proyectos que promueven el desarrollo, pero, como se preguntaba Samir Flores Soberanes, defensor nahua y comunicador comunitario asesinado en febrero pasado, “desarrollo para quién”.

El gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pretende imponer megaproyectos como el Tren Maya, el Corredor Transístmico y el Proyecto Integral Morelos con «verdaderas tácticas de contrainsurgencia», tales como «sus programas asistencialistas individualizados, sus consultas amañadas del mal llamado Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) con líderes cooptados, sus campañas de desprestigio de los movimientos sociales, violando el derecho fundamental a la libertad de asociación y manifestación y sus métodos de condicionamiento autoritario al peor estilo Priísta», denunciaron comunidades y organizaciones indígenas en la Asamblea Nacional e Internacional entre los Pueblos «El Istmo es Nuestro».

Esta semana se llevó a cabo en el Conacyt la mesa de diálogo Protección de la Riqueza Biocultural, Propiedad Intelectual y Evaluación de Tecnologías, con la participación de la Dra. Michelle Chauvet, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), del Dr. Alejandro Espinosa, investigador del INIFAP, de la investigadora Silvia Ribeiro, directora para América Latina del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración (ETC) y de la Dra. Yolanda Massieu Trigo, investigadora de la UAM, quienes coincidieron en la necesidad de proteger la riqueza biocultural de México, estrechamente vinculada con la diversidad biológica y de ecosistemas.

"Ante las amenazas de la imposición de la minería, hidroeléctricas, agroindustriales, corredores industriales, gasoductos, oleoductos, fracking, parques eólicos y paneles solares empresariales a gran escala, entre otros, los pueblos asistentes acordaron impulsar una campaña continua de información y difusión contra los megaproyectos a nivel nacional e internacional, construir puentes entre las luchas de los trabajadores y las luchas indígenas y tejer núcleos y procesos colectivos hacia la autonomía anticapitalista y antipatriarcal desde abajo, entre otras acciones".

Con la justificación de que “el desarrollo” llegaría a cada región de nuestro país muchos son los megaproyectos que se han construido -o pretenden construirse- por encima de las necesidades de los pueblos y sus habitantes; por ello, hay muchos pobladores que luchan por no quedar bajo el agua de una presa; por no ser fumigados con agroquímicos o por no desplazados por grandes carreteras o vías ferroviarias; todos estos proyectos, a decir de los empresarios, necesitan “el sacrificio” de comunidades enteras.

La Sierra Norte de Puebla es históricamente territorio ocupado por comunidades indígenas, principalmente nahuas o maseuales, tutunakus, ñhañhus u otomíes, hamaispini o tepehuas entre otros grupos originarios y también por comunidades mestizas. Todos hemos convivido, sobrevivido y desarrollado bajo el manto de recursos que la Sierra y el bosque de niebla nos brindan. Cabe señalar que el estado de Puebla es el sexto estado con mayor diversidad bilógica a nivel nacional y cuarto con mayor diversidad cultural. Es por lo que, en las últimas décadas, ha estado en la mira del Estado y las grandes empresas nacionales y transnacionales para ser explotada y vendida al mejor postor.

El éxito de la política ambiental será a partir de delegar acciones a la ciudadanía, ya que la situación del medio ambiente es muy preocupante. Entre las acciones que se impulsarán en el gobierno está la creación de comités de defensores ambientales, ante las fuertes presiones presupuestarias, señaló Víctor Manuel Toledo, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en un foro de participación y consulta ciudadana.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su preocupación por la reiterada violación a los derechos fundamentales de 5.9 millones de personas que integran la población agrícola del país.