Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

"Las mujeres indígenas en América Latina han jugado un papel muy importante en la lucha contra la privatización y mercantilización de sus recursos naturales, reivindicando cosmovisiones de respeto a la Madre Tierra que confrontan la visión individualista y utilitarista de la economía neoliberal. Sus cuerpos están siendo utilizados como mensajes en una pedagogía del terror que se propone desmovilizar a sus pueblos. Paradójicamente esta estrategia para sembrar el miedo ha tenido como respuesta una mayor organización de las mujeres por la vida."

El asesinato de ocho dirigentes indígenas y campesinos en solo tres meses es un hecho repudiable desde todo punto de vista. Demuestra la existencia de un patrón sistemático de eliminación de líderes de organizaciones que defienden sus derechos fundamentales a la vida, al trabajo y a la tierra, entre otras reivindicaciones.

"Juana Raymundo, quien además se desempeñaba como enfermera, formaba parte del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) desde hace cinco años. Hasta antes de su asesinato, ella estaba a cargo de la coordinación de CODECA en la microrregión Nebaj Quiche".

El informe anual de Global Witness “¿A qué precio? Negocios irresponsables y el asesinato de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente en 2017”, lanzado este martes 24 de julio a nivel mundial, ha puesto nuevamente en el centro del mapa los asesinatos, la violencia y la criminalización de personas defensoras del territorio y el medio ambiente en México.

Corte anula fallo contra campesinos condenados en el caso Curuguaty | La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia anuló ayer por decisión unánime de sus tres camaristas el fallo que condenaba a los once campesinos acusados por la Masacre de Curuguaty, la determinación de la máxima instancia judicial se basó en las irregularidades cometidas durante el proceso.

Es mapuche y participa de la lucha de la Pu Lof de Cushamen. Hace ocho meses la torturaron y secuestraron durante horas tras una represión como la del 1° de agosto, donde se llevaron a Santiago Maldonado.

La Sala Penal de la Corte integrada por tres camaristas anuló ayer, sorpresivamente, las condenas dictadas por la masacre de Curuguaty. Responsabilizó a la fiscalía de una deficiente investigación. Todos quedan en libertad.

"COPINH ratifica su lucha permanente por la expulsión definitiva del proyecto “Agua Zarca” y en denuncia a la empresa criminal DESA que carga en sus hombros la sangre de nuestras compañeras y compañeros asesinados".