Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

César Estrada Chuquilín, comunicador indígena de Cajamarca, relata que es objeto de permanentes amenazas y reiterados intentos de asesinato que ponen en riesgo su vida y la de su familia desde que en el 2011 denunció las serias irregularidades asociadas al megaproyecto Conga, de la multinacional Yanacocha.

A contundente denúncia de 108 (cento e oito!) fatos “notoriamente falsos” utilizados pelos acusadores demonstra como os sem-terra foram vítimas de um processo que atende unicamente aos interesses das transnacionais e do latifúndio.

"Desde el año 1998, el LofMapu de Nalcahue inició un proceso de recuperación de tierras sobre 400 hectáreas aproximadas de tierras que estaba en poder de la empresa Forestal Arauco, como parte de una reivindicación ancestral".

"Se trata de sembrar una falsa imagen de todos ellos para deslegitimar su trabajo porque el gobierno ya no aguanta que le estén constantemente criticando sus acciones", sostienen.

"Amnistía Internacional y Oxfam denunciamos esta grave violación de los derechos humanos, que es consecuencia de la grave y fuerte desigualdad en el acceso a la tierra en Paraguay".

El pasado 3 de marzo, el asesinato de la defensora medioambiental Berta Cáceres tuvo una repercusión internacional, sacando a la luz la amplitud de las violaciones de derechos humanos en Honduras. Desde entonces, su hija Bertha Zúñiga y el nuevo coordinador del COPINH Tomás Gómez Membreño siguen luchando para que se haga justicia.

La Machi Francisca Linconao está injustamente encarcelada desde hace más de 4 meses, víctima del misoginismo y racismo a causa del actuar de ciertos operadores de la justicia, dependientes del interés patriarcal y colonial.

"Este proceso mostró la intención del Ministerio Público de criminalizar a las autoridades ancestrales del Norte de Huehuetenango".