Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

No es novedad que el extractivismo en América Latina ha ido imponiendo un modelo de extracción y exportación, cada vez más profundo. La competencia por ser destino de inversiones mineras, petroleras, forestales o pesqueras es una característica de la mayoría de los países de la región. Sin embargo, el extractivismo recibe cada vez más críticas de amplios sectores de la sociedad incluida la academia y los movimientos sociales.

La presidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y su par boliviano, Evo Morales, inauguraron el monumento de Juana Azurduy, a espaldas de la Casa Rosada. Un necesario homenaje a una guerrillera por la emancipación y la igualdad social. Y, por lo tanto, un debate que abre en el presente: ¿el sujeto social que hizo posible la lucha de Juana está siendo respetado en la Argentina de acuerdo a su ideario?.

Con 477 casos de muertes violentas durante los últimos 13 años, Brasil sigue siendo el lugar más peligroso en el mundo para ser activista. La violencia hacia los trabajadores rurales y líderes sociales es tema central del IV Congreso Nacional de campesinos que hasta el viernes tiene lugar en la ciudad de Porto Velho (RO).

"Durante décadas la explotación de recursos solo han dejado pobreza y violencia para sus habitantes. Una región en donde los ríos y aguas abundan, pero de las que sus habitantes no pueden beber con confianza pues se encuentran contaminadas por la explotación petrolera".

"La Caravana por la Defensa de la Vida y el Territorio busca poner sobre la mesa la situación que las organizaciones comunitarias, populares y sociales padecen a cotidiano en sus construcciones por un país más justo, en miras de fortalecer la defensa de los derechos humanos."

"Organizaciones de la sociedad civil se reunieron para discutir alternativas a la agenda neoliberal y más específicamente la forma de un tratado internacional vinculante sobre las empresas transnacionales (TNC ) podría garantizar que los Estados protegan eficazmente los derechos humanos".

Francisco Chaile intentó hace un mes una negociación para recuperar tierras entregadas a su comunidad, pero terminó preso. La Unión Diaguita anunció un plan de lucha para exigir su liberación y abogados de derechos humanos presentaron un hábeas corpus.

16 militantes sociales de procesos del Congreso de los Pueblos fueron perseguidxs y detenidxs ilegitimamente. Los medios de comunicación y el Gobierno han violentado sus derechos básicos. Socializamos comunicado del CdP.