Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

Ayer concluyó el paro nacional y las movilizaciones que bloquearon rutas en diferentes puntos del país. Las demandas fueron contra el Gobierno de Correa y manifestaron pedidos de desprivatización del agua, parar el extractivismo minero, bajar el costo de vida de la población y hasta denuncias de autoritarismo y falta de dialogo entre otras exigencias. El saldo de la protesta dejo heridos y detenidos en distintos puntos del país.

El CIMA alerta sobre la grave situación de derechos humanos y de vulnerabilidad en la que se encuentran líderes sociales y ambientalistas en la región sur del departamento del Cauca y norte de Nariño, a causa de su trabajo por la defensa del territorio y el impulso de acciones de protección contra los estragos ambientales y sociales del desarrollo de la minería criminal y trasnacional en la región.

Ronair José de Lima, líder de una ocupación en parte del complejo Divino Padre Eterno, en São Félix do Xingú (Estado del Pará), fue amenazado de muerte a fin del mes de julio.

"El campesinado se encuentra afectado por un contexto de clara violencia estructural, esto es, por sistemas sociales, económicos y políticos que institucionalizan relaciones perjudiciales para campesinas y campesinos: relaciones de explotación, de abuso de posiciones dominantes en el mercado y de dependencia económica, de envenenamiento, maltratos, discriminación, criminalización, asistencialismo y utilización electoral. Las comunidades campesinas no solo se ven presionadas por el agronegocio, sino que las instituciones estatales también forman parte de los mecanismos que las dañan, tanto a través de omisiones como de acciones, violando obligaciones jurídicas en todos los casos."

En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra el 9 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urge a los Estados Miembros a garantizar en forma efectiva el derecho de los pueblos indígenas a vivir en su territorio ancestral y poder realizar sus actividades tradicionales de subsistencia, así como también preservar su identidad cultural.

El próximo viernes 14 de agosto se cumplirán seis meses desde que integrantes de pueblos originarios de Formosa se asentaron en Buenos Aires, en plena Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo, en demanda de reclamos al Gobierno Nacional sobre sus tierras la persecución que sufren sistemáticamente.

"Los Pueblos Indígenas ´no somos el folclor de la democracia´, ni artículos de museo. Somos actores políticos que contribuimos a la concreción de una sociedad incluyente para todos los colombianos y colombianas. No atentamos contra los derechos de nadie, mucho menos de las clases menos favorecidas, solo reclamamos lo que por derecho nos corresponde."

Para la señora Jandira Feghali (PC do B), el diputado Luis Carlos modificado Hallelujah (DEM-BA) puede "criminalizar a los intentos de reclamar el pueblo con el Estado, que era habitual en la dictadura".