Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

En el sur de Sumatra, existen alrededor de 100 conflictos en torno al acceso y tenencia de la tierra, que involucran comunidades locales y empresas que controlan el 65% de las tierras de la región a través de las concesiones de tierras que recibieron del gobierno.

La violencia policial, las amenazas de sicarios y los intentos de corromper y dividir a las comunidades fracasan nuevamente frente a la firme resistencia y dignidad de los pueblos indígenas del Istmo que defienden su territorio de la invasión por el megaproyecto eólico de Mareña Renovables, impulsado por FEMSA-Coca Cola, Heineken-Cuahutémoc Moctezuma, Mitsubishi, Macquarie, el Banco Interamericano de Desarrollo y PGGM.

El último sábado 2 de febrero otros dos campesinos se sumaron a las estadísticas de asesinatos en el Bajo Aguán, Honduras. El escenario de violencia y la persecución a trabajadores/as campesinos/as de la región ha sido constantemente tema de noticias y es denunciado por movimientos de clase y por organizaciones de derechos humanos, sin que las autoridades hondureñas tomen medidas al respecto.

Hace cerca de un año, Jerónimo Rodríguez Tugri y Mauricio Méndez fueron asesinatos por defender la comarca de la comunidad Ngabe Bukle, en Panamá, de las embestidas legitimadas por el gobierno que daba derechos a empresas de minería e hidroeléctrica para actuar en la región. Para reforzar la resistencia y homenajear a la población en lucha, organizaciones preparan una intensa movilización para el 5 de febrero próximo.

Los transgénicos y sus empresas nada saben de democracia, ni de justicia. El primero de diciembre dos sicarios asesinaron al campesino Vidal Vega, por defender la tierra campesina.

"En el marco de la Cumbre de los Pueblos, en enero de 2013, delegados y delegadas de la CLOC VC expresamos nuestro pesar e indignación frente al asesinato del dirigente del MST de Brasil, Coordinador del campamento Luiz Maranhão."

Al menos 50 activistas defensores de derechos humanos y vecinos de Olintla, que se oponen a la instalación de una planta hidroeléctrica del Grupo México en ese municipio de la Sierra Norte poblana, fueron retenidos por un grupo de golpeadores y gente azuzada por el alcalde Héctor Arroyo Bonilla.

Asesinatos, persecución a líderes, criminalización de la protesta e incluso el racismo y el paternalismo, son manifestaciones de la intromisión de las empresas mineras y el contubernio con los gobiernos locales.