Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

"La condena difícilmente lograda contra un genocida es una victoria histórica, pero no es suficiente. Porque ese genocida fue condenado cuando ya no era útil al sistema de explotación y dominio, pero la oligarquía a quien sirvió ese genocida, continúa cometiendo genocidio contra la población campesina indígena."

Fueron detenidos cuando intentaban detener los trabajos de las máquinas con las que se pretendía iniciar la construcción de la carretera Naucalpan-Toluca en el tramo que corresponde a su comunidad, proyecto carretero que rechazan las comunidades afectadas y que fue impuesto por una serie de irregularidades legales.

Após mais um adiamento do julgamento do latifundiário Adriano Chafik, responsável pelo Massacre de Felisburgo, os Sem Terra anunciaram que montarão acampamento com 500 camponeses e camponesas em frente ao Fórum de Justiça Lafayette, em Belo Horizonte (MG), e que só sairão depois do julgamento.

"Dos situaciones deben ser revisadas si no deseamos desbarrancarnos una vez más en el trauma de nuestra historia: la ley antiterrorista de la que mucho se ha discutido y la creación de cuerpos especiales de las policías nacionales y provinciales para enfrentar a los ciudadanos en protestas."

El asesinato de los activistas Bety Cariño y Jyri Jaakkola –ocurrido el 27 de abril de 2010, mientras participaban en una caravana de ayuda humanitaria hacia San Juan Copala– podría haberse resuelto en dos o tres semanas, pero si ello no ha ocurrido todavía es porque las autoridades no han demostrado en la práctica su declarada voluntad política para hacerlo.

El Exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt fue declarado culpable por un tribunal penal de Guatemala por los delitos de genocidio y crímenes de guerra perpetrados por el Ejército en contra del grupo étnico ixil entre 1982 y 1983.

A 3 (tres) días de la represión policial y parapolicial a nuestros hermanos Riojanos, la cual repudiamos y nos solidarizamos con las víctimas, aquí en Tinogasta, siendo las 0:02hs, vivimos nuevamente otro atropello policial.

Para justificar el Estado de Sitio en los municipios de Jalapa y Mataquescuintla, además de San Rafael Las Flores y Casillas, el Gobierno dijo que perseguían a una estructura criminal vinculada al narcotráfico. Aquí lo que hay es una burda criminalización de la protesta y represión de quienes se oponen a la minería.