Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

El viernes 15 de junio la Policía de Neuquén reprimió a miembros de la comunidad mapuche Gelay Ko, cercana a la ciudad de Zapala, que resistían la perforación de pozos para yacimientos no convencionales en su territorio.

Las organizaciones campesinas del país denunciaron un proceso de criminalización de sus luchas. Fue tras el conflicto por tierras iniciado el pasado viernes en la localidad de Curuguaty que dejó decenas de fallecidos y heridos.

Este 15 de junio desde las horas de la mañana se abrió un enfrentamiento campal entre campesinos sin tierras (Carperos) y agentes de la policía en donde cayeron muertos doce campesinos y seis policías.

"Lamentamos los hechos ocurridos y desembocados en la masacre de campesinos y policías, en las tierras conocidas como Morumbí; hechos acaecidos en la mañana de hoy como resultado de un conflicto social de clase."

Desde la Unión Latinoamericana de Técnicos Rurales y Agrarios (ULTERA Argentina) repudiamos el accionar del Gobierno de Paraguay desalojando a campesinos que ocupaban tierras en Curuguaty, que llevó a un enfrentamiento en el cual perdieron la vida 17 personas y hay casi un centenar de heridos, entre ellos una niña de 2 años.

El sábado 8 de junio del año en curso fue detenido y posteriormente judicializado el compañero FELIX MANUEL BANGUERO -del equipo de Coordinación Regional del Proceso de Comunidades Negras -PCN- del Consejo Comunitario de Pilamo- acusado de los cargos de rebelión y concierto para delinquir.

Las organizaciones y redes internacionales convocantes de la Audiencia Pública sobre la situación de los derechos humanos de las comunidades campesinas del Bajo Aguán, dieron a conocer la Declaración final del evento que se realizó el pasado 28 de mayo en la ciudad Tocoa, en la que presentaron los principales hallazgos, sus conclusiones y formularon recomendaciones al Estado hondureño y a la comunidad internacional.

Em 1997, a área no município de Campos dos Goytacazes onde se localiza a ex-usina de Cambahyba, desativada em 1993 por ter ido à falência, composta por sete fazendas que totalizam 3500 hectares, foi considerada improdutiva. Mas o Incra, até hoje não foi capaz de realizar as desapropriações em toda a área.