Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

El régimen de facto bajo las órdenes del magnate poseedor de más 250,000 hectáreas de tierra Miguel Facusse, se apresta a ejecutar un desalojo violento de humildes campesinos y campesinas que acompañados de sus familias han tomado la carretera que conduce de Tocoa a Trujillo en el departamento de Colon, a la altura de la comunidad Guadalupe Carney.

Hace un mes, el 15 de noviembre, Teodoro Acosta, Ignacio Reyes, Raúl Castillo, Ciríaco Muñoz y José Luis Sauceda Pastrana, todos miembros del Movimiento Campesino del Aguán (MCA), fueron brutalmente asesinados por grupos paramilitares a sueldo del terrateniente y productor palmero Miguel Facussé Barjum.

"La grave violación de los derechos humanos y la urgente necesidad de impulsar acciones para contrarrestar el proyecto de muerte que existe en la zona, fueron los principales puntos abordados en la conferencia de prensa brindada por las organizaciones que integraron la delegación, y que por cuatro días recorrió la zona del Bajo Aguán, en el norte de Honduras."

La represión y los asesinatos de integrantes del pueblo qom La Primavera en Formosa, no constituyen hechos aislados. Las comunidades originarias y campesinas sufren cotidianamente el despojo de sus tierras. Los gobiernos provinciales, en este caso, el de Gildo Insfran que desde hace 15 años gobierna la provincia, son cómplices de los emprendimientos sojeros y ganaderos que avanzan sobre los territorios.

"El mes pasado, la Unipa llamó la atención de la comunidad nacional e internacional sobre la amenaza de exterminio sufrida por la población. En el comunicado, la organización indígena solicita a los grupos armados, a las Farc y al ELN, que respeten la vida y el territorio indígena."

"Otra víctima más ha cobrado la mafia criolla del Paraguay; una mafia en donde convergen los intereses de la clase dominante: politiqueros exponentes de la derecha reaccionaria, sojeros, ganaderos, contrabandistas de armas, narcóticos y madera. A veces se trata, incluso, de los mismos individuos en diferentes facetas del crimen organizado."

"Con mucha preocupación hemos recibido la noticia que el fiscal de Huancabamba ha formulado una acusación por delito contra la seguridad pública contra Mario Tabra Guerrero, pidiendo 13 años de pena privativa de libertad y una reparación civil de 5000 soles, y contra Arsenio Guevara Ojeda, pidiendo cuatro años de pena privativa y una reparación de 1000 soles."

Organizaciones campesinas e indígenas vinculan la violación de sus derechos con el modelo agropecuario y la minería. Responsabilizan a los gobiernos y sectores del Poder Judicial.