Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

"Condenamos enérgicamentelos brutales ataques de las fuerzas de seguridad nacionales del Perú en contra de las comunidades de la Amazonía, en particular en la ciudad de Bagua, que dieron como resultado el asesinato de un número indeterminado de campesinos por su lucha y resistencia para proteger el territorio ancestral de la incursión de las compañias transnacionales petroleras, mineras, madereras que buscan explotarlo en forma irresponsable".

El Encuentro Americano Contra la Impunidad llega este fin de semana al caracol zapatista de Morelia con siete ejidatarios tzeltales de San Sebastián Bachajón en la cárcel de El Amate, torturados por la policía y acusados de asaltantes de caminos (en realidad por defender su territorio y sus derechos), y en medio de una creciente campaña de vigilancia y hostigamiento contra activistas de los derechos humanos.

A quatro dias do julgamento do recurso especial do coronel da Polícia Militar do Pará Mário Colares Pantoja no Superior Tribunal de Justiça (STJ), entidades estão mobilizadas para que seja mantida a condenação do coronel, um dos principais envolvidos no Massacre de Eldorado de Carajás.

Las poblaciones indígenas de la Amazonía Peruana condujeron una huelga general y pacífica durante casi 60 días en protesta por los 10 decretos legislativos promovidos por el Gobierno Peruano para facilitar la implementación del TLC con Estados Unidos el cual amenaza sus derechos y el medioambiente. Más específicamente, entregar en concesión a compañías de petróleo y minería 44 de las 75 millones de hectáreas del Amazonas, los cuales son territorios indígenas sin ningún tipo de acuerdo o consulta con ellos.

La reciente matanza de indígenas amazónicos llevada a cabo el día 5 de junio pasado por el Estado peruano confirma que en América Latina los estados nacionales mantienen una guerra contra los pueblos indígenas que habitan sus territorios. ¿Cuándo comenzó esta guerra?

Solidaridad con las luchas de Andahuaylas y Sicuani, camino al Paro Nacional del 7, 8 y 9 de julio. Alto a la criminalización de las protestas sociales: amnistía para todos los líderes procesados. Declaración sobre derechos de los pueblos indígenas de la ONU debe ser adoptada como Ley Nacional. CAOI presenta hoy demandas y propuestas de las organizaciones indígenas peruanas a relator especial de la ONU.

Los 34 fallecidos, 158 heridos de bala, decenas de presos y desaparecidos que faltan identificar de la masacre de Bagua, expresan el ingreso a una fase dictatorial en el Perú.

Los antecedentes son conocidos. Aprovechando facultades legislativas otorgadas por el Congreso, el Ejecutivo se despachó con una centena de decretos de diverso corte y que por cierto van mucho más allá del objetivo de la delegación recibida, que era adecuar ciertas normas nacionales para poder implementar mejor el Tratado de Libre Comercio, suscrito por el Perú con los Estados Unidos.