Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

Desde que explotaron nuevamente los conflictos reivindicativos de tierras a mediados de los noventa, nuestro pueblo, en proceso de liberación, viene sufriendo una clara persecución política. Ello se ha traducido en claros abusos, con irrupción policial en reiteradas oportunidades sobre las comunidades “sospechosas” de apoyar “actividades ilegales” o de dar refugio a quienes participarían en ellas.

"La judicialización y criminalización a las asambleas, comunidades y movimientos sociales que defienden sus territorios, es una de las estrategias desplegadas desde los sectores del poder para acallar las voces de la resistencia frente al modelo productivo, extractivo, exportador y opresor que nos imponen, producto de las políticas de recolonización que asolan a nuestro continente en general y a nuestro país en particular."

O líder do Movimento dos Sem-Terra João Pedro Stédile criticou ontem a prisão de nove pessoas ligadas ao MST nesta semana, disse que "ocupar terra pública não é crime" e prometeu uma campanha "de denúncia" contra a Cutrale por injustiças que atribuiu às atividades da fabricante de suco.

La coalición de organizaciones ecologistas –una de las más importantes de Argentina- dio su apoyo a la comunidad Paichil Antriao, amenazada por intereses inmobiliarios. La RENACE también denunció que el feroz ataque del gobierno de Jorge Sapag y su familia contra las comunidades Mapuche de Neuquén busca allanar el camino para las grandes empresas mineras.

La crisis financiera internacional ha impulsado el precio del oro que llegó en 2009 a su récord histórico de 1200 US$ la onza. El costo humano de esta especulación es muy alto. En los últimos seis meses, tres ambientalistas opositores a la minería de oro y plata, fueron asesinados en El Salvador.

Las recurrentes violaciones a la Ley 11.273 de de la mal llamada ley de Fitosanitarios han sumado una nueva faceta: la amenaza lisa y llana a los vecinos que reclaman por los perjuicios a su salud debido a las fumigaciones.

En pronunciamiento público, los Apus de las Organizaciones de los Pueblos Awajun y Wampis, agrupados en la Subsede del CAH, FECORSA, FECAS, Apus de las comunidades, mujeres líderes e hispanohablantes, 204 delegados participantes del distrito de Río Santiago, Cóndorcanqui, región Amazonas, expresaron su rechazo total al gobierno y su política racista que ejecuta.

Nos solidarizamos y repudiamos los hechos sucedidos en la localidad jujeña de Palma Sola, el violento atropello y golpiza que sufriera la familia Mamani y Armando Ortega y la usurpación de sus tierras por parte de los empleados de la empresa CRAM S.A. uno de los apoderados es Horacio Macedo embajador de Argentina en Bolivia y Horacio Macedo (Hijo) funcionario provincial.