Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

El 2 de diciembre de 2009 la Policía de la Provincia de Neuquén entró en el territorio de la comunidad mapuche Paicil Antreao, sobre las laderas del cerro Belvedere, y destruyó tres rukas (casas) a machetazos y con motosierras; desde entonces permanecen en el lugar bajo las órdenes de quien pretende apropiarse de las tierras, el norteamericano William Henry Fisher.

Estos asesinatos hacen parte de una larga cadena de hechos de agresión contra los pobladores del sur de Bolívar, en el marco de lo que consideramos una estrategia integral para el despojo del territorio por parte de una alianza macabra entre el gobierno nacional y las multinacionales del oro y palmicultoras, que pretenden apoderarse de los recursos naturales de la región.

Se agudiza la tensión que se está viviendo en la Asamblea El Algarrobo, asamblea permanente que se encuentra a la vera del camino comunero que une Chaquiago con El Potrero, en un terreno privado con permiso de su propietario. Los pobladores reclaman que se cumplan los derechos constitucionales a una vida digna y sana, a un ambiente libre de contaminación, diciéndole SI a la VIDA y NO a la explotación a cielo abierto del Nevado de Aconquija en manos de la empresa minera AGUA RICA.

"Esta junta de buen gobierno, denunciamos y al mismo aclaramos lo sucedido el día sábado 6 de febrero de 2010, en el territorio controlado por el poblado Bolón Ajaw, en el marco de una nueva etapa de agresión contra nuestros compañeros bases de apoyo del municipio autónoma comandanta Ramona, reiniciado por los miembros de la OPDDIC."

Crisanta Pérez fue liberada por integrantes de la Comunidad las Escobas luego de ser detenida hace pocos días por la policía acusada injustamente por delitos que no ha cometido, su único actuar ha sido defender la Madre Naturaleza, Los Derechos Humanos y la vida, ante las actividades mineras.

Toda vez que cruzo la cordillera para ir hasta el Gulumapu, hoy llamado Chile, me pregunto como sería para nuestros ancestros cruzarla sin papeles, sin fronteras, sin gendarmes ni carabineros, con el permiso de los pu newen, fuerzas de la naturaleza a quienes se encomendaban.

Desde que explotaron nuevamente los conflictos reivindicativos de tierras a mediados de los noventa, nuestro pueblo, en proceso de liberación, viene sufriendo una clara persecución política. Ello se ha traducido en claros abusos, con irrupción policial en reiteradas oportunidades sobre las comunidades “sospechosas” de apoyar “actividades ilegales” o de dar refugio a quienes participarían en ellas.

"La judicialización y criminalización a las asambleas, comunidades y movimientos sociales que defienden sus territorios, es una de las estrategias desplegadas desde los sectores del poder para acallar las voces de la resistencia frente al modelo productivo, extractivo, exportador y opresor que nos imponen, producto de las políticas de recolonización que asolan a nuestro continente en general y a nuestro país en particular."