Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

El Estado de Sitio dictado por el fallido Estado criollo, lejos de desactivar los procesos de resistencias comunitarias, acumularán aún más las contenidas broncas comunitarias en contra de sus verdugos históricos cada vez más exasperados.

El pasado 22 de agosto se cumplieron tres años del asesinato de Macarena Valdés, mujer mapuche de 32 años que resistió a la instalación de una central de paso hidroeléctrica en la zona de Tranguil, en la comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos, de lo que ahora conocemos como Chile.

Armando Wouriyum, quien fuera presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) de 1999 a 2003, afirmó que hay un genocidio en la zona del Pacífico, donde se reportan asesinatos y amenazas contra miembros de las comunidades originarias.

Durante los primeros 5 meses de gobierno de Andrés Manuel Lopez Obrador, 10 integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) han sido asesinados. Es el peor inicio de un sexenio desde su fundación el 12 de octubre de 1996.

La Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca (Acin) se declaró en estado de emergencia y en asamblea permanente ante la secuencia de ataques, iniciada el 1 de julio, y que ha dejado un saldo de 5 muertos en dos semanas.

Treinta muertos en Filipinas, 24 en Colombia (24), 23 en India, 20 en Brasil... Y así hasta alcanzar la cifra de 164 personas dedicadas a la defensa del medio ambiente y las comunidades indígenas que murieron el año pasado de forma violenta precisamente por dedicar la protección ambiental.

Expresamos nuestra indignación ante la amenaza de inminente desalojo forzoso de los residentes de la comunidad de Cajueiro por la construcción de un puerto privado de la empresa WPR São Luís Gestão de Portos e Terminais Ltda (actualmente TUP Porto São Luís S/A) - en São Luís de Maranhão, en Brasil - en una gran operación de desalojo programada por la policía militar de Maranhão para ocurrir en cualquier momento desde la mañana de este lunes, 12.08.2019. 

El defensor maya Gregorio Gau Caamal, activista y representante común en la demanda de amparo interpuesta contra el megaproyecto fotovoltaico “Yucatán Solar”, fue amenazado el pasado jueves en Yucatán cuando recibió una llamada telefónica desde un número registrado en Mérida, en la que un hombre que se identificó como “comandante de la guardia del Cartel del Golfo” advirtió que “están en Valladolid y conocen su dirección” para actuar en su contra “por andar molestándolos”, denunció la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal.